El gobernador Axel Kicillof volvió a poner sobre la mesa dos iniciativas estratégicas para el sistema sanitario bonaerense que el año pasado quedaron enredadas en la feroz interna del peronismo. Se trata del proyecto para crear una empresa estatal de medicamentos y del que impulsa el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), ambos reingresados formalmente al Senado con algunas modificaciones respecto de las versiones originales.
Las dos propuestas habían sido presentadas durante 2024 y formaban parte del paquete de leyes que el Ejecutivo pretendía convertir en bandera de gestión en cuanto a la salud pública. Sin embargo, la disputa política dentro de Unión por la Patria (hoy Fuerza Patria, pero peronismo al fin) terminó paralizando el tratamiento parlamentario, al punto que ninguna logró convertirse en ley pese al impulso del Gobierno bonaerense y perdieron estado parlamentario. Lo extraño es que fueron proyectos del Ejecutivo que la vicegobernadora Verónica Magario se negó a tratar en diciembre a pesar de la presión de La Cámpora, sector al que responde el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.
Ahora, con nuevos mensajes enviados a la Cámara alta, Kicillof busca reactivar dos proyectos que considera centrales para fortalecer el sistema sanitario provincial, en un contexto marcado por el ajuste del Gobierno nacional sobre distintas áreas de la salud pública.
EMPRESA ESTATAL DE MEDICAMENTOS: EL GOBIERNO INSISTE CON UNA SAPEM PARA ABASTECER AL SISTEMA PÚBLICO
Uno de los proyectos propone la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El objetivo es que la Provincia pueda investigar, desarrollar, producir, fraccionar, importar, exportar y distribuir medicamentos, vacunas, insumos médicos y odontológicos, productos domisanitarios e ingredientes farmacéuticos activos, además de prestar servicios vinculados al control de calidad.
La producción estará destinada prioritariamente a abastecer los hospitales provinciales y municipales, buscando reducir la dependencia del mercado privado y garantizar el acceso a medicamentos e insumos esenciales para el sistema de salud.
El proyecto establece además que la empresa tendrá un régimen comercial propio, con mayor flexibilidad para contratar con organismos públicos y privados, mientras que sus trabajadores estarán alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.

QUÉ CAMBIÓ EN EL NUEVO PROYECTO PARA CREAR LA EMPRESA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Si bien los fundamentos generales prácticamente no se modificaron, el Ejecutivo introdujo varios cambios respecto del texto presentado originalmente.
Uno de ellos es la incorporación explícita de los cosméticos entre las actividades que podrá desarrollar la empresa estatal. El proyecto habilita la producción, elaboración y distribución de productos como cremas dermatológicas, protectores solares, maquillajes, sérums y shampoos, además de los insumos necesarios para fabricarlos, ampliando el alcance de la futura sociedad.
También aparece con mayor fuerza el concepto de soberanía sanitaria. Mientras que en la iniciativa anterior figuraba únicamente en los fundamentos, ahora pasa a convertirse en uno de los objetivos formales de la empresa, que además tendrá funciones específicas destinadas a fortalecerla.
Otra modificación importante incorpora una mirada ambiental. El texto suma entre sus objetivos la posibilidad de realizar análisis físicos, químicos y biológicos sobre agua, aire y suelo para detectar riesgos sanitarios, una competencia que no figuraba en la propuesta original.
A su vez, el abastecimiento prioritario de los hospitales públicos bonaerenses y de los 135 municipios quedó incorporado expresamente en el articulado, un aspecto que no aparecía en la versión que obtuvo media sanción en Diputados durante 2024 y que busca garantizar el destino principal de la producción.
Finalmente, el Ejecutivo agregó nuevas disposiciones vinculadas al control de calidad de medicamentos, vacunas e insumos, con una mención específica a los ingredientes farmacéuticos activos, además de habilitar a la futura empresa a celebrar contratos con organismos públicos y privados sin necesidad de autorización previa del Poder Ejecutivo para cada operación.
Con el reingreso de ambos expedientes al Senado, el Gobierno bonaerense intentará reactivar una discusión legislativa que el año pasado quedó sepultada por las tensiones internas del oficialismo, aunque el desenlace volverá a depender de los acuerdos políticos que logre construir en una Legislatura donde las mayorías siguen siendo frágiles.
SISTEMA INTEGRADO DE SALUD: UNA LEY PARA COORDINAR HOSPITALES, MUNICIPIOS, OBRAS SOCIALES Y PRIVADOS
El segundo proyecto crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), una iniciativa que apunta a ordenar y coordinar los tres subsectores del sistema sanitario: público, privado y de la seguridad social.
La propuesta ratifica al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y fortalece organismos de coordinación como el COSAPRO y los Consejos Regionales de Salud, además de incorporar mesas permanentes de trabajo con prestadores, financiadores y sindicatos.
Uno de los ejes centrales es la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, organizada en tres niveles de complejidad, con el objetivo de garantizar derivaciones más eficientes y una mejor utilización de los recursos sanitarios.
El proyecto también establece que ningún establecimiento sanitario podrá rechazar pacientes que atraviesen una emergencia médica, crea un Registro Provincial de Financiadores de Salud para que obras sociales y prepagas transparenten su información, impulsa la Historia Clínica Electrónica Única, promueve la interoperabilidad digital del sistema y crea el Instituto Universitario Provincial de Salud “Floreal Ferrara”, destinado a la formación gratuita de profesionales.
En materia financiera, prevé la creación de un Fondo Provincial de Salud, que concentrará recursos del Tesoro provincial, recupero de costos y convenios con la seguridad social.

