El Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) informó y mostró en video la detención de más de 20 operadores de plataformas ilegales de intercambio de criptomonedas que utilizaban centros de llamadas fraudulentos radicados en Ucrania. Según el organismo, trabajaban en conjunto con el Ministerio del Interior ruso y lograron desmantelar nueve canales de transferencia de fondos al exterior.
De acuerdo a la investigación, estos puntos de intercambio vendían criptomonedas a víctimas (muchas de ellas jubilados) que habían sido engañadas previamente por los estafadores. Una vez concretada la operación, el dinero era derivado a cuentas controladas por coordinadores ucranianos.
Uno de los detenidos reconoció ante los investigadores que el movimiento diario de la plataforma oscilaba entre uno y dos millones de dólares, con un promedio de 30 clientes por jornada. La causa rusa, que involucra estafas del mismo rubro que hoy tiene en vilo a buena parte del mundo cripto, avanzó con detenciones concretas en cuestión de meses.
La misma lógica de estafa, dos velocidades judiciales
El contraste resulta inevitable si se lo mira desde Argentina. Acá, la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA (promocionada por el propio presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025) sigue sin un solo detenido ni imputado formal, pese a que ya pasó un año y medio desde que estalló el escándalo.
El mecanismo denunciado en la causa argentina no es demasiado distinto en su lógica al que persigue el FSB en Moscú: la promoción de un activo digital para atraer compradores, la concentración del control en manos de unos pocos actores y el desplome posterior que dejó pérdidas millonarias para miles de personas.
Según surge del expediente que tramita el fiscal Eduardo Taiano en el Juzgado Federal 8 de Comodoro Py, se estima que unos 40 mil compradores perdieron dinero y que las billeteras vinculadas al lanzamiento retiraron cerca de 100 millones de dólares en cuestión de horas.
Un año y medio sin imputación
Milei sostuvo, cuando estalló el escándalo, que “se había limitado a difundir un proyecto ‘que era pública'”, aunque nunca precisó cómo accedió al contrato alfanumérico del token minutos después de su creación.
Un informe técnico de un área de cibercrimen de la Policía Federal, incorporado al expediente, estableció que la moneda no figuraba en ninguna plataforma centralizada de compra y que un único actor tenía el control absoluto sobre las primeras mil millones de unidades emitidas.
La causa también acumuló indicios de encuentros previos entre Milei y los promotores del proyecto, incluida una reunión en la Casa Rosada semanas antes del lanzamiento, y transferencias millonarias detectadas en los días posteriores al posteo presidencial. Pese a esos elementos, el Presidente conserva inmunidad de arresto y ni siquiera fue citado a prestar declaración indagatoria.
El expediente atraviesa además una disputa por afuera del fondo del asunto: los damnificados que representan los abogados Nicolás Oszust y Juan Grabois fueron apartados como querellantes por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que consideró que no habían acreditado un perjuicio directo.
Ese apartamiento está apelado y la Cámara Federal porteña fijó una audiencia clave para el 10 de agosto: si los querellantes no son reincorporados, el impulso de la investigación quedará en manos exclusivas de Taiano, cuya actuación ya fue cuestionada públicamente por los propios afectados y por legisladores opositores.
Ante el freno en el fuero penal, un grupo de ahorristas ya prepara en paralelo una demanda civil millonaria contra los imputados, entre ellos el propio Milei.
Ese cuestionamiento a Taiano no es reciente. En marzo, la senadora Juliana Di Tullio había denunciado en el Congreso que el fiscal tenía en su poder, “hace meses”, una prueba que daría cuenta de un acuerdo por 5 millones de dólares a cambio del respaldo presidencial al lanzamiento de $LIBRA, y pidió que sea apartado de la causa.
La acusación, que Di Tullio atribuyó a un mensaje hallado en el celular del lobbista Mauricio Novelli, nunca fue confirmada judicialmente ni tuvo respuesta pública de Taiano.
La misma balanza, otro resultado
Nada de esto implica que la causa $Libra y la investigación rusa sean equiparables en su escala o en su tipificación penal. Pero la comparación deja una pregunta flotando: ¿qué distingue el tratamiento que recibe una estafa con criptomonedas cuando la víctima es un jubilado ruso engañado por una organización delictiva, de la que recibe cuando el que promocionó el activo desde su cuenta personal es el jefe de Estado de un país?
La estatua de la Justicia lleva los ojos vendados para simbolizar que la ley pesa igual para todos, sin mirar quién está parado frente a ella. Del otro lado del mundo, a Rusia le alcanzaron unos meses para meter presos a más de 20 operadores de estafas cripto.
Acá, dieciocho meses después de que $LIBRA se derrumbara y dejara un tendal de damnificados, esa venda parece haberse corrido apenas lo suficiente como para reconocer quién está sentado del otro lado del expediente.
