La decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió un frente judicial que rápidamente se transformó en una disputa política. A la ofensiva que había lanzado desde la Legislatura La Libertad Avanza contra la magistrada se sumaron ahora los bloques del PRO y Hechos, que también avanzaron con pedidos de jury por el fallo que dejó en pausa la implementación de la Ley 27.801.
La resolución de Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, había hecho lugar a un habeas corpus preventivo colectivo y ordenado suspender la aplicación del nuevo esquema en todo el territorio provincial. La magistrada puso el foco en las condiciones materiales, institucionales y profesionales del sistema de alojamiento de adolescentes, frente a un eventual incremento de jóvenes privados de su libertad.
El primer espacio en reaccionar fue La Libertad Avanza, que ya había anunciado el martes que impulsaría el juicio político contra Pascual. El titular del espacio, Sebastián Pareja, cuestionó duramente a la magistrada y sostuvo que se trataba de una jueza que intentaba frenar una ley aprobada por el Congreso nacional. Los bloques libertarios de Diputados y Senado también se sumaron a las críticas y anticiparon que trabajarían junto a sus equipos técnicos en la presentación.
La ofensiva libertaria ahora encontró eco en otros sectores de la oposición.
EL PRO SE SUMA AL PEDIDO DE JURY
El senador del PRO Guillermo Montenegro anunció que presentará un pedido de jury contra Pascual y calificó la decisión judicial como de “gravedad institucional”. El planteo cuestiona que una jueza provincial haya suspendido, con alcance general, la aplicación de una ley sancionada por el Congreso de la Nación.
“Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso. Y si una ley es constitucional, se cumple”, sostuvo Montenegro, quien además cuestionó que las dificultades de infraestructura del sistema penitenciario puedan convertirse en un argumento para frenar la aplicación de la nueva normativa.
El legislador también puso el eje en las víctimas y planteó que, si faltan lugares para alojar a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen, “el Gobierno provincial los construya”.
El pedido del PRO contempla además el análisis de las declaraciones públicas realizadas por Pascual luego de dictar la medida cautelar y solicita que se determine si su actuación pudo configurar causales vinculadas con incumplimiento de los deberes del cargo, irregularidades procedimentales, negligencia o falta de buena conducta. Montenegro también pretende el apartamiento preventivo de la magistrada durante la investigación.
HECHOS TAMBIÉN DENUNCIÓ A PASCUAL
A ese planteo se sumó el diputado de Hechos Manuel Passaglia, quien presentó su propio pedido de jury contra la jueza.
El legislador sostuvo que Pascual “se arrogó el poder de dejarla sin efecto durante 60 días” y cuestionó que la magistrada haya suspendido la aplicación de una ley nacional aun cuando, según su interpretación, todavía no había terminado de resolver cuestiones vinculadas con su competencia.
“Esto no es independencia judicial. Es extralimitarse”, afirmó Passaglia.
De esta manera, el pedido impulsado por Hechos se incorpora a una ofensiva que comenzó con LLA, continuó con el PRO y ahora suma a otro bloque opositor, mientras la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil se traslada de los tribunales a la Legislatura.
UN FISCAL TAMBIÉN APELÓ EL FALLO
En paralelo al avance político contra Pascual, el titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Hernán Ceruti, apeló la resolución que suspendió la aplicación del nuevo régimen.
El fiscal pidió que la Cámara correspondiente revise los argumentos utilizados por la jueza y determine si corresponde mantener la medida cautelar o permitir que continúe la implementación de la Ley 27.801.
Así, el fallo que frenó durante 60 días la entrada en funcionamiento del nuevo sistema quedó atravesado por tres frentes simultáneos: la apelación judicial, el pedido de juicio político impulsado por LLA y los jury promovidos por sectores de la oposición legislativa como el PRO y Hechos.
