En las últimas horas, Alberto Fernández formalizó el Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para Pymes -que garantiza cuatro nueva líneas de créditos– y avanza en la letra chica de una posible nueva moratoria para las pequeñas y medianas empresas, de cara a los compromisos asumidos en pandemia que deberán empezar a ser cancelados a partir del mes de enero.
“La única forma de empezar a poner a la Argentina de pie como quiere el presidente es asistiendo al sector productivo que más puestos de trabajo genera y que más sintió el impacto de la pandemia”, anticiparon desde la cartera de Matías Kulfas.
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Los números son claros. Las pequeñas y medianas empresas generan el 72 por ciento del empleo privado en el país y representan la mitad del producto bruto interno. “Son el motor que permitirá profundizar una reactivación económica real, alejada del modelo especulativo de la gestión anterior”, refuerzan.
En concreto, son cuatro las líneas abocadas al impulso y la reactivación y la inversión productiva: inclusión financiera, inversión productiva para Pymes, inversión productiva para proyectos estratégicos y Desarrollo Federal.
La inclusión financiera está pensada para las micro y pequeñas empresas y cooperativas que no cuentan con acceso al financiamiento bancario. Los créditos serán otorgados por el ministerio de Desarrollo Productivo y ejecutados por el FONDEP.
El destino del crédito deberá ser la adquisición de bienes de capital nuevo o la construcción de instalaciones del sector industrial, agroindustrial y servicios industriales. El plazo será de siete años, con doce meses de gracia y una tasa final del 18 por ciento.
La línea de inversión productiva estará destinada a las MiPymes y Cooperativas. Habrá un tope de 70 millones de pesos por solicitud, con un plazo de cinco años y una gracia de capital de seis meses. Bancos públicos y privados ofrecerán la línea crediticia con una tasa bonificada del 30 por ciento, de la cual el cinco será subsidiado por el Estado.
Para las MiPymes y las grandes empresas, la línea de inversión productiva tendrá un tope superior de $250 millones. El objetivo es acompañar proyectos de inversión “que involucren capacidad exportadora y la generación de empleo”. Los sectores beneficiados serán el industrial, el agroindustrial y los vinculados a servicios industriales. El plazo será de siete años, con los primeros doce meses de gracia, y una tasa final bonificada del 22 por ciento.
La cuarta y última línea, la de Desarrollo Federal, tendrá como finalidad “garantizar el acceso al financiamiento para Pymes en cada provincia argentina”. Se destinará un monto por provincia de 400 millones, con topes de hasta 20 millones por empresa. El plazo será de cinco años, con un agracia de capital de seis meses. La tasa final bonificada será del 22 por ciento, pero del 20 en caso de que las empresas lideradas por mujeres.
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