El Foro de Intendentes Radicales volvió a poner sobre la mesa la delicada situación financiera que atraviesan los municipios bonaerenses y reclamó a la Legislatura que avance con herramientas que permitan afrontar la caída de recursos y sostener los servicios esenciales. El planteo llega en la antesala de una nueva sesión legislativa prevista para este jueves 11, aunque las señales que llegan desde la Cámara de Diputados no son alentadoras para quienes buscan modificar el esquema de distribución de fondos aprobado a fines del año pasado.
A través de un comunicado, los jefes comunales radicales señalaron que los gobiernos locales enfrentan una combinación de caída de ingresos, aumento de costos operativos y mayores dificultades para sostener prestaciones básicas. En ese marco, insistieron en la necesidad de que los municipios cuenten con mayor flexibilidad para administrar recursos y definir prioridades de acuerdo con las necesidades de cada distrito.
“No se trata de una discusión partidaria. Se trata de la capacidad de los gobiernos locales para seguir prestando servicios y acompañando a sus comunidades”, señalaron los intendentes, quienes además remarcaron que el reclamo ya fue respaldado por jefes comunales de distintos espacios políticos.
Los proyectos que apuntan a modificar este reparto no pasaron por la comisión de Presupuesto, que suspendió su cita dos veces en 48 horas.
UN RECLAMO QUE LLEGA EN MEDIO DEL BLOQUEO LEGISLATIVO
La presión de los intendentes se produce luego de una semana marcada por suspensiones varias en la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuesto e Impuestos, presidida por Juan Pablo De Jesús, suspendió dos veces consecutivas la reunión en la que debían debatirse los proyectos destinados a modificar el funcionamiento del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
La situación dejó en pausa las iniciativas impulsadas por distintos sectores políticos para transformar el destino del 30% de los recursos que hoy están afectados a programas específicos de Infraestructura, Transporte y Cultura.
Sin embargo, en los pasillos legislativos crece la percepción de que cualquier modificación al esquema vigente es cada vez menos probable.
Según argumentan desde la Cámara baja, ya son 115 los municipios que optaron por alguno de los mecanismos previstos en la ley vigente y 113 de ellos destinaron esos fondos a obras de infraestructura. Bajo esa lógica, avanzar ahora con un cambio en las reglas de juego implicaría reabrir decisiones administrativas ya tomadas por gran parte de los distritos.
“Muchos municipios ya aceptaron las condiciones establecidas en la ley. Cambiar ahora es muy engorroso”, resumió un legislador con experiencia en las negociaciones presupuestarias.
EL DEBATE POR EL CONTROL DE LOS RECURSOS
La discusión gira alrededor del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado junto con la Ley de Endeudamiento sancionada en diciembre de 2025.
La normativa estableció que el 70% de los recursos se distribuya automáticamente mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quede sujeto a proyectos específicos.
El gobernador Axel Kicillof y numerosos intendentes impulsan que ese porcentaje también pueda utilizarse libremente para afrontar necesidades urgentes, en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre las cuentas municipales.
Del otro lado, sectores del peronismo, la oposición y quienes defienden el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda sostienen que los recursos deben mantener algún mecanismo de control y seguimiento.
La disputa excede la cuestión técnica. Detrás de la discusión aparece una puja política por la administración de recursos que involucran a los 135 municipios bonaerenses.
SALARIOS Y AGUINALDOS, LA PRINCIPA PREOCUPACIÓN
Mientras el debate sigue empantanado, los intendentes observan con preocupación la proximidad del pago de salarios y aguinaldos.
La caída de la coparticipación, la retracción de la actividad económica y la menor cobrabilidad de tasas municipales comenzaron a generar tensiones financieras en numerosos distritos, especialmente en el interior bonaerense.
Por eso, el reclamo de los intendentes radicales se suma a una demanda que ya atraviesa a jefes comunales de distintos colores políticos. No obstante, la falta de acuerdos en la Legislatura y las sucesivas suspensiones de la Comisión de Presupuesto alimentan una sensación cada vez más extendida: que el esquema 70/30 aprobado para este año difícilmente sea revisado.
