Los abogados de Cristina Kirchner anunciaron la existencia de una nueva prueba con la que buscan cuestionar el corazón de los fundamentos que derivaron en la condena de la expresidenta en la causa Vialidad.
Se trata de un informe técnico económico-financiero que analiza el destino de los fondos de la Fuente 14 del Presupuesto Nacional y concluye que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron apenas el 0,85% de los recursos distribuidos entre 2009 y 2015.
La documentación fue presentada este martes por el letrado argentino Alberto Beraldi y sus pares Rafael Valim (Brasil) y Javier Borrego (España) en el marco de la comunicación individual que la defensa de la expresidenta lleva adelante ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Durante una conferencia de prensa, los abogados sostuvieron que el nuevo elemento contradice la hipótesis según la cual un decreto firmado por Cristina Kirchner tuvo como objetivo beneficiar exclusivamente al Grupo Austral.
“Presentamos una nueva prueba, que definimos como trascendente, que pone en evidencia una vez más que la sentencia dictada contra Cristina Kirchner es absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente”, afirmó Beraldi al comienzo de la conferencia.
Qué dice la nueva prueba
El informe fue elaborado por la consultora Specs a pedido de los abogados defensores y analiza los desembolsos realizados mediante la Fuente 14 entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.
En ese período se financiaron 367 obras, participaron 114 empresas constructoras y se pagaron 3.855 certificados de obra. El total desembolsado alcanzó los US$ 2.200,45 millones.
Dentro de ese universo, cuatro empresas vinculadas al Grupo Austral —Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., Sucesión de Adelmo Biancalani y Kank y Costilla S.A.— recibieron US$ 18,66 millones. El porcentaje representa apenas el 0,85% del total.
“Es una participación ridícula”, sostuvo Valim durante la presentación. Y agregó: “Es insostenible afirmar que ese decreto, en términos fácticos, tenía como objetivo beneficiar al Grupo Austral”.
El abogado brasileño remarcó que se trata de datos oficiales y que el análisis permite observar qué ocurrió efectivamente con los fondos una vez distribuidos.
“Ahora tenemos la prueba de que no hay elemento fáctico”, afirmó Valim, quien consideró que el hallazgo constituye un “giro decisivo” para el planteo de la defensa.
Qué decía la acusación contra Cristina Kirchner
Beraldi reconstruyó durante la conferencia el camino que llevó a la condena y puso el foco en el cambio que, según su interpretación, se produjo durante el juicio.
“Cuando se formuló la acusación en la causa Vialidad, la imputación que se le hizo fue ser jefa de una asociación ilícita y en ese rol utilizar la estructura del Estado para generar un gravísimo delito de administración fraudulenta”, explicó.
Según el abogado, la acusación sostenía que las leyes enviadas al Congreso, los decretos de necesidad y urgencia, resoluciones ministeriales y decisiones vinculadas al fideicomiso habían permitido otorgar fondos ilegítimos a Santa Cruz y a las empresas de Báez.
“El fiscal decía que tenía tres toneladas de pruebas. En el juicio se demostró que esas acusaciones eran falsas y se la absolvió del delito de asociación ilícita”, señaló Beraldi.
El abogado sostuvo que, al no poder sostenerse esa hipótesis, la condena terminó concentrándose en un decreto firmado por Cristina Kirchner relacionado con los fondos del fideicomiso de transporte.
“Era una norma general, una asignación de fondos para obras viales”, sostuvo.
Ahora, según Beraldi, el nuevo informe permite observar el resultado concreto de esa distribución y, especialmente, cuánto terminó recibiendo el Grupo Austral.
El ranking de las empresas que recibieron los fondos
La documentación también reconstruyó cuáles fueron las principales empresas beneficiadas por los desembolsos de la Fuente 14. Las 15 primeras concentraron el 75% de los recursos.
El primer lugar quedó para IECSA S.A., con US$ 360 millones, equivalente al 16,36% del total, una empresa ligada a un primo del expresidente Mauricio Macri. Segunda aparece JCR S.A., con US$ 224,02 millones (10,18%), y tercera Benito Roggio e Hijos S.A., con US$ 210,15 millones (9,55%).
El ranking continúa con José Cartellone Construcciones Civiles S.A., US$ 197,94 millones (9%); Rovella Carranza S.A., US$ 130,18 millones (5,92%); CPC S.A., US$ 83,94 millones (3,81%); Esuco S.A., US$ 76,83 millones (3,49%); y Electroingeniería S.A., US$ 68,25 millones (3,10%).
Luego aparecen Decavial SAICA, con US$ 51,97 millones (2,36%); Petersen, Thiele y Cruz, US$ 46,35 millones (2,11%); Dycasa, US$ 44,55 millones (2,02%); la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan, US$ 43,37 millones (1,97%); Supercemento, US$ 41,75 millones (1,90%); José J. Chediack, US$ 38,08 millones (1,73%); y Rutas del Litoral, US$ 32,64 millones (1,48%).
Las otras 96 empresas que participaron del esquema concentraron el 25,01% restante, unos US$ 550,35 millones.
Para la defensa, el ranking es otro de los elementos que contradicen la idea de una concentración de recursos en las empresas de Báez. “Los principales beneficiarios son una empresa que está vinculada a oponentes políticos de Cristina”, señaló Valim durante la conferencia.
El dato apareció en otra causa
Los abogados explicaron que la información que dio origen al informe apareció de manera inesperada durante una declaración testimonial en la causa Cuadernos.
El pasado 6 de agosto, un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad declaró a propuesta de la Fiscalía para explicar una base de datos incorporada al expediente. Allí figuraba información sobre los fondos del fideicomiso de infraestructura de transporte durante un período que también comprendía los años investigados en Vialidad.
“Cuando vimos eso, pedimos esa información explicada públicamente e iniciamos una investigación”, relató Beraldi.
A partir de esos datos, la defensa solicitó un análisis independiente para determinar el destino de los recursos. El trabajo fue encabezado por el economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, quien lideró el equipo que realizó la auditoría técnica.
Según explicó Valim, el resultado permitió determinar que entre 2009 y 2015 la inversión con esos fondos fue “enorme”, pero que la participación de las empresas de Báez fue mínima.
“Sabíamos que ese decreto era una norma general que de ninguna manera tenía carácter delictivo, pero ahora aparece un elemento completo que demuestra que lo que se decía de haber querido beneficiar a Lázaro Báez no se sostiene”, planteó Beraldi.
