Tras el operativo realizado en Mar del Plata, la Agencia de Recaudación Bonaerense ( ARBA) continuó su gira por la costa atlántica. Esta vez realizaron tareas de fiscalización en el partido de Pinamar y los resultados fueron igual de impresionantes: 215 casas de lujo y 17 edificios sin declarar.
“Las construcciones no registradas corresponden a 17 edificios y 215 casas de lujo situadas en los barrios más exclusivos de Pinamar. Estas propiedades se encontraban, en su mayoría, declaradas como terrenos baldíos ante el catastro”, contó el titular del organismo, Cristian Girard. En total, son 70.000 metros cuadrados los que estaban evadiendo el impuesto inmobiliario correspondiente.
“A través de nuestro sistema de fiscalización integral, que incluye tecnología de imágenes satelitales, el aporte de un dron y acciones presenciales, confirmamos las irregularidades e intimamos a quienes son responsables de los proyectos, que ahora deberán hacer frente a multas de hasta 25 millones de pesos”, agregó Girard.
Según se informó desde ARBA, ahora los propietarios de esos inmuebles tienen 15 días para rectificar su declaración jurada. Transcurrido ese plazo, el organismo recaudador incorpora las construcciones detectadas de oficio y aplica las multas correspondientes. El encargado del operativo, Gaspar Spiritoso, declaró que con estas acciones buscan “combatir la evasión en sectores de mayor capacidad contributiva y recuperar recursos que son fundamentales para la Provincia”.
ARBA contra los autos morosos
Las acciones de ARBA en Pinamar incluyeron controles conjuntos con el Ministerio de Transporte bonaerense y la Policía de la provincia de Buenos Aires para detectar automotores de lujo con deuda y otras infracciones en playas como La Frontera.
Del total de vehículos de alta gama controlados, 180 estaban radicados en la provincia de Buenos Aires. De ellos, 47 registraban deuda en concepto de Patente, lo que representa un nivel de morosidad del 26% entre los automotores fiscalizados.
Los titulares de vehículos con deuda firmaron compromisos de pago por un monto de casi $10 millones, en tanto que el resto recibió intimaciones por aproximadamente $11 millones.
