El arribo de Farmacity podría ser una realidad si ahora la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falla en línea con lo que dictaminó el procurador interino, Eduardo Casal, afirmando que el artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas “es inconstitucional”.
Para el senador Darío Díaz Pérez, la empresa parece haberle “encontrado la vuelta” para presentarse en la CSJ y pedir la inconstitucionalidad de Ley, y de esta forma, desembarcar en la provincia.
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Si bien la justicia provincial había afirmado que el tema no era propio de una jurisdicción federal, la CSJ terminará decidiendo si la empresa entra o no al territorio. Como un anticipo que dice mucho, dos de los integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- se excusaron de votar por sus vínculos con la cadena, y de esta forma serán sólo tres los jueces que decidirán el desembarco, para lo que necesitan unanimidad.
“Están hablando de negocios, no de derechos. Todos estamos haciendo reclamos muy fuertes para que no avasallen nuestra provincia y nuestra ley”, dijo para INFOCIELO, Díaz Pérez.
Al mismo tiempo, el senador peronista sostuvo que le “llama la atención” que “casualmente” se haya esperado a la salida de la ex procuradora Gils Carbó para que se avance con la modificación del artículo de ley en favor de Farmacity.
También, explicó que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, todavía no se desligó de sus acciones en la empresa farmacéutica, sino que “dijo que lo iba a hacer”.
“Quintana estará esperando a eso cuando se habilite la empresa”, dijo con ironía el hombre de Lanús.
A su vez, recordó que la propia gobernadora María Eugenia Vidal se había pronunciado positivamente sobre la ley de Farmacias, aunque en este año “se llamó al silencio”.
Díaz Pérez enfatizó su rechazo a la empresa, describiendo las consecuencias que podría traer para la propia salud de los bonaerenses. “Farmacity es como un kiosco al cual le ponen medicamentos”, sintetizó el senador.
Luego de que el ahora vicejefe de gabinete renunciara a su cargo de Ceo de la empresa para asumir el rol de funcionario en 2015, el mismo se intentó mostrar desligado de un auténtico conflicto de intereses, pero lo cierto es que hasta ahora ni siquiera ha vendido sus acciones de la farmacéutica, la cual nuevamente recibe un guiño por parte de la justicia.
“La empresa pide alterar la ley que impide que entren modelos comerciales en la provincia”, apuntó Díaz Pérez.
Ahora la Corte Suprema tendrá la última palabra en torno a su arribo en el territorio bonaerense, pese a que la Ley a la cual se intenta modificar había sido avalada por el gobierno de la provincia y ambas Cámaras legislativas.
La ley vigente desde 1987 permite la instalación de farmacias en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales; pero no a sociedades anónimas, como es el caso de la cadena Farmacity ya que, según la normativa, las farmacias no son un comercio, sino “un servicio público como extensión del sistema de salud”.
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