La administración de Javier Milei le debe al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires unos 22 billones de pesos en concepto de transferencias no automáticas respaldadas en distintos convenios que tienen fuerza de ley. También tiene pisada la autorización para contraer créditos con organismos internacionales que tienen como única finalidad llevar a cabo obra pública indispensable para el desarrollo económico y social del territorio bonaerense.
Todo esto es bien sabido en los círculos de poder y entre los ciudadanos informados, porque la gestión de Axel Kicillof eleva de manera permanente y a viva voz los reclamos correspondientes. Luis Caputo, el ministro que nadie votó -el verdadero hombre timba nacional, repudiado por Javier Milei durante toda la campaña- bloquea créditos de organismos internacionales, impidiendo así, por ejemplo, que La Plata construya una nueva y muy necesaria planta para tratar residuos cloacales.
No es lo mismo endeudarse con el BID o la CAF para hacer obra pública que timbear con los banqueros para sostener el precio del Dólar. Al bien común le falta adrenalina. Caputo y la dirigencia del PRO lo habían dejado claro en el período 2015 – 2019. Basta con recordar que el gobierno de la Provincia afrontó multas millonarias por no haber utilizado fondos de organismos internacionales. Sí, pidió y obtuvo créditos que nunca ejecutó. Se traduce, no por complejo: por inverosímil.
Hoy la Provincia pide lo mínimo: una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien por ahora parece más entusiasmado en la tarea de arrimar votos para las reformas que los libertarios le piden al Congreso. Santilli, que aspira a la gobernación en 2027, hace oídos sordos. Y nadie dice nada.
En la Argentina, el incumplimiento de las leyes fiscales goza de una impunidad perfecta. Un ministro de Economía puede asfixiar financieramente a un territorio de 18 millones de habitantes, violar convenios con fuerza de ley y congelar el desarrollo básico sin temor a caminar por los tribunales. Si la política no habla y la calle no habla, la Justicia, que en teoría es ciega pero debería oír, tiene la excusa perfecta para mantenerse al margen.
Puede ser que se le complique explicar la “pesada herencia” que va a recibir sin pegarse un tiro en el pie. Lo más probable es que no pase nada, justamente porque nadie dice nada. La oposición no libertaria finge demencia. Dirigentes como el senador Maximiliano Abad eligen hablar de IOMA cuando se discute la entrega de inmensas cantidades de territorios estratégicos a extranjeros, como si la situación de la obra social pudiera explicarse por fuera de la guerra financiera contra la Provincia.
Nada cambió, nada va a cambiar. María Eugenia Vidal introdujo, con los votos del peronismo, el juego online que hoy hace desastres entre los más jóvenes y vulnerables. Esos mismos votos peronistas encumbraron como jefe de los fiscales al militante del PRO, Julio Conte Grand, y levantaron la mano para endeudar irresponsablemente a la Provincia. Los mismos legisladores que más tarde se reciclaron como “ultras” del kirchnerismo, sin que nadie diga nada.
Vidal logró sacarse de encima el “techo” del Fondo del Conurbano, recuperó recursos de manos del Gobierno nacional y lo celebró a lo grande. Pero también tuvo que hacerse cargo de los subsidios al transporte y a la energía que antes afrontaba la Nación. La suma le dio cero, pero esa parte de la historia no la contó.
Daniel Scioli contó monedas para pagar sueldos y aguinaldos durante los ocho años que gobernó la Provincia. Su legado no va más allá de la creación de ARBA, el tercer carril de la autopista La Plata – Buenos Aires y el techado del Estadio Único. La falta de actualización del Fondo del Conurbano, el eterno problema de la coparticipación y el ahogo financiero del gobierno de Cristina Kirchner asoman como las principales causas de su paupérrima administración.
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se refirió recientemente a ese momento político que, como mano derecha de Axel Kicillof —quien fuera ministro de Economía de la Nación que asfixiaba al motonauta—, conoce de primera mano. “El gobierno nacional hacía un montón de obra pública; el gobierno provincial solo tenía que destinar sus recursos a pagar salarios y mantenimiento”, señaló con una llamativa naturalidad.
¿Corresponde que un gobierno nacional defina las prioridades en materia de obra pública de una provincia, por encima del gobierno electo por sus propios ciudadanos? Para Bianco es “una discusión política”. Y tiene razón. Es una discusión política que nunca se dio, porque nadie dijo nada.
El kirchnerismo la clausuró cuando manejaba el látigo y la billetera. Hoy la quiere abrir el axelismo en nombre del federalismo y en plan de víctima. En la política bonaerense, todos terminan muriendo por su propia espada. Solo que ahora, el arma del verdugo se parece mucho más a una motosierra.
