En el año 2018, la presentación del proyecto Clementina II fue recibida con entusiasmo en el mercado inmobiliario bonaerense. Emplazado en una de las zonas más cotizadas y de mayor crecimiento de City Bell, a unos 10 kilómetros del casco fundacional de La Plata y a 7 del acceso a la Autopista La Plata-Buenos Aires, el predio fue diseñado como una propuesta residencial moderna. Su extensión total abarca casi 30 hectáreas proyectadas bajo un concepto de trama abierta e integración urbana.
El trazado urbanístico del lugar se concibió bajo la fisonomía de una “ciudad jardín”, garantizando amplios espacios verdes, calles públicas, áreas destinadas a equipamiento comunitario y el cauce del Arroyo Carnaval como uno de sus ejes paisajísticos centrales. El predio se encuentra delimitado sobre la calle 446, entre 133 bis y 31, consolidándose además como la continuación de un plan de desarrollo más amplio que incluye a su emprendimiento hermano, Clementina I, situado a apenas 150 metros de distancia.

Diseño residencial y valores de mercado
La estructura interna de Clementina II contempla un total de 228 lotes destinados al uso residencial, con una superficie promedio de 600 metros cuadrados cada uno. La zonificación establece dimensiones variadas para adaptarse a distintos proyectos arquitectónicos: las parcelas más reducidas parten desde los 595 metros cuadrados, mientras que las superficies de mayor envergadura alcanzan los 1.250 metros cuadrados. El diseño impone estrictos retiros de frente y laterales, preservando un corazón de manzana libre de edificaciones.
Debido a su ubicación estratégica y a los servicios proyectados, las parcelas salieron a la venta con cotizaciones que alcanzaron varios miles de dólares por unidad, dependiendo del tamaño y la localización interna de los terrenos. Sin embargo, lo que se anunciaba como un prometedor barrio para cientos de familias terminó transformándose en la pieza central de una compleja controversia territorial que trascendió la esfera inmobiliaria.

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El estallido del conflicto en los tribunales
La disputa legal por el dominio y la situación administrativa de las tierras derivó en un expediente penal que escaló hasta los estrados más altos de la Justicia bonaerense. El epicentro institucional de la controversia se fijó en la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, donde las marcadas diferencias entre los magistrados integrantes derivaron en cruzadas de denuncias internas.
El camarista Raúl Dalto denunció formalmente a sus colegas de sala, las juezas María Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard, por presuntas irregularidades ligadas a la confección y firma de resoluciones judiciales. Posteriormente, el propio magistrado remitió las actuaciones a la Fiscalía para que se investigara la posible comisión del delito de tráfico de influencias en el marco de la tramitación de las causas vinculadas al predio de City Bell.
Recusaciones y giros en el expediente
El detonante del enfrentamiento judicial surgió tras las advertencias presentadas por los abogados defensores del caso. Se señaló una notable coincidencia entre los argumentos legales utilizados en la causa para fundamentar y mantener la vigencia de un pedido de desalojo en Clementina II, con posturas jurídicas expuestas de manera previa por ambas camaristas. Frente a esto, la defensa solicitó investigar si existió comunicación indebida o intervención de terceros en la redacción de dichos fallos.
El escenario procesal dio un giro sustancial cuando el juez de Garantías Pablo Raele declaró extinguida la acción penal por prescripción y rechazó la ejecución de la medida de desalojo solicitada sobre los terrenos. Ante esta definición, los defensores presentaron la recusación formal contra Oyhamburu y Rezzónico Bernard, congelando la tramitación del expediente en esa alzada.
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La intervención de la Suprema Corte
Ante la gravedad del enfrentamiento institucional y la paralización de la sala, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA) tomó cartas en el asunto e impuso una licencia obligatoria por 90 días al camarista Raúl Dalto. Esta medida disciplinaria fue recurrida por el propio juez, por lo que el máximo tribunal provincial deberá definir su situación procesal y administrativa en las próximas semanas. Aunque luego se conoció también la renuncia del magistrado.
De esta forma, el ambicioso proyecto inmobiliario Clementina II quedó atrapado en una trama donde convergen denuncias penales, pedidos de apartamiento y sanciones disciplinarias. La investigación judicial en curso tendrá la tarea de determinar si existieron irregularidades en los fallos dictados, mientras decenas de compradores e inversores aguardan certezas sobre el futuro de las tierras en City Bell.


