La tensión en el fuero penal de La Plata avanza. Por disposición de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se puso en marcha la etapa preliminar para conformar el Jurado de Enjuiciamiento que definirá el futuro del camarista Raúl Dalto, un proceso que amenaza con destapar una olla a presión de larga data en los tribunales de la capital provincial.
A través de la resolución dictada en el expediente 3000-35749-2026, el máximo tribunal bonaerense convocó a las partes para el próximo miércoles 9 de septiembre a las 10 horas. En ese acto público, que se llevará a cabo en la sede de la Vicepresidencia de la Corte, se realizará el sorteo de los cinco abogados titulares y tres suplentes de la lista de Conjueces del Tribunal. Estos profesionales, sumados a los legisladores que deberán designarse más adelante, integrarán el cuerpo encargado de resolver la situación del magistrado.
El avance del jury es el corolario de una serie de actuaciones tramitadas en la Subsecretaría de Control Disciplinario. Sobre el camarista pesan denuncias fundadas en comportamientos impropios de su investidura, con un foco central en acusaciones por abuso de poder, acoso laboral y violencia de género contra funcionarias y trabajadoras del fuero penal.
Guerra de jueces
Sin embargo, el contexto en el que se activa este procedimiento revela una crisis institucional mucho más profunda y escandalosa dentro de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.
El proceso contra Dalto marcha en paralelo con una denuncia penal impulsada por el propio magistrado contra sus compañeras de tribunal, las juezas María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard, a quienes acusó formalmente de prevaricato y falsificación de documento público.
La investigación de este entramado, tramitada en la UFI N° 3 de La Plata, sumó un elemento clave a partir de una pericia informática oficial realizada sobre el sistema de la Corte.
Los peritos detectaron al menos 18 intervenciones y modificaciones en una resolución vinculada a una causa de desalojo. Según la postura formulada por Dalto, sus pares habrían alterado registros y firmas digitales para modificar el sentido de su voto original sin su consentimiento, configurando la denominada “resolución melliza” que terminó por fracturar de manera irreversible el funcionamiento de la sala.
