El Gobierno de Javier Milei restringió el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada tras desactivar el sistema de ingreso por huella digital, una medida que se aplicó sin previo aviso y que dejó a cronistas y reporteros gráficos sin posibilidad de cubrir la actividad oficial dentro de la sede presidencial.
Desde el entorno del presidente justificaron la decisión en el marco de una investigación interna por la difusión de imágenes grabadas dentro del edificio, que el Gobierno vincula a un supuesto episodio de “espionaje”. El organismo encargado de la seguridad de la Casa de Gobierno denunció penalmente a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del canal TN, por haber filmado algunas áreas de la sede del Poder Ejecutivo.
El secretario de Comunicación, Javier Lanari, se expresó en X al respecto con un posteo: “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, sostuvo el funcionario.
En los hechos, Javier Milei ha decidido copiar a la vicegobernadora Verónica Magario, echando a la prensa de donde históricamente se trabajaba para que la gente esté informada. Distintos signos políticos, iguales metodologías.
MILEI Y MAGARIO, UNA MISMA DECISIÓN
A mediados del año pasado, más precisamente el 28 de mayo, de manera repentina la vicegobernadora Verónica Magario decidió que los periodistas acreditados en el Senado no podrían ingresar más al recinto para seguir las sesiones. Desde entonces, el histórico palco de prensa luce vacío. En este año 2026 no se acreditó a los medios y las sesiones hay que seguirlas desde una oficina, con una TV que devuelve la transmisión oficial, con una conexión a internet totalmente deficiente y rodeados de asesores que copan la oficina destinada a la prensa.
No hubo nunca una explicación oficial para justificar una decisión totalmente inaudita. Solo circuló un comunicado interno entre los legisladores. Se lanzaron versiones, pero nunca fueron confirmadas; es más, algunas fueron desmentidas. Se dijo que una senadora, hoy diputada nacional, se había quejado de los ruidos del palco, algo falso y desmentido por la propia acusada. Caído ese argumento, se sostuvo que los problemas de infraestructura del vetusto recinto no resistían el peso en los palcos y que se estaba reparando, algo también falso.
El 30 de marzo se realizó un conversatorio por los 50 años del golpe de estado y los mismos palcos, que se aducía que estaban con problemas de infraestructura, lucían colmados de estudiantes escuchando a Magario hablar de libertad, sí, la misma dirigente que cerró el recinto incluso el día que se recordó con una sesión el trágico golpe.
Estas respuestas vinieron de parte de trabajadores, siempre bien intencionados, pero seguramente con un guion para tratar de explicar lo inexplicable de sus jefes. Párrafo aparte para ellos y ellas: siempre atendieron a la prensa con la mejor predisposición, tratando de solucionar cada inconveniente, pero también chocan con un desprecio hacia los trabajadores de prensa que cuentan lo que ocurre en el día a día de la Legislatura.
Pasaron, desde este medida, sesiones en donde se aprobaron pliegos de jueces, fiscales, camaristas y hasta el Presupuesto y la Ley Fiscal provincial, entre otros proyectos, pero el periodismo, puente indispensable para que el bonaerense sepa que votan los legisladores que ellos votaron, no pudo estar presente.
Vale aclarar que la primera sesión en la cual no se permitió el ingreso fue cuando se votaba el proyecto que proponía la vuelta de las reelecciones indefinidas, y un senador opositor sostuvo lo que luego se cristalizó al indicar que “esto llegó para quedarse, no quieren que se vea cómo votan. Va a ocurrir de acá en adelante y todo lo jugoso de las sesiones ustedes no lo van a poder ver. No le conviene a ellos”. Hoy, a casi 11 meses de esa declaración, nada ha cambiado.
