La decisión se ejecutó sin conferencia, sin resolución publicada y sin margen de interpretación: el gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en un movimiento que marca un quiebre inédito en la relación con la prensa en democracia.
Según confirmaron los propios cronistas involucrados, la medida alcanza a todos los medios que cubren habitualmente la actividad oficial en Balcarce 50. En los hechos, implica el cierre total de la sala de periodistas y la imposibilidad de acceder a las fuentes primarias de información dentro de la sede gubernamental.
El argumento oficial se apoya en dos ejes: una investigación sobre la ya descalificada supuesta “infiltración rusa” en medios de comunicación, y una denuncia penal contra periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje tras la difusión de imágenes en el interior de la Casa de Gobierno.
Sin embargo, no se difundieron pruebas públicas ni detalles concretos que justifiquen una decisión de alcance general.
De la restricción selectiva al cierre total
La medida es la continuación de otras restricciones que ya se habían planteado. En las últimas semanas, el Gobierno había aplicado restricciones parciales, con bloqueos a periodistas y medios específicos, y criterios de acreditación cada vez más opacos.
El paso de hoy profundiza esa lógica, porque ya no se trata de casos puntuales, sino de una exclusión total.
En la práctica, el acceso a la información oficial queda mediado exclusivamente por canales unilaterales: comunicados, vocerías y redes sociales. La dinámica cotidiana del periodismo como preguntar, repreguntar y observar, queda desplazada.
Una decisión sin precedentes recientes
El cierre de la sala de prensa en la Casa Rosada rompe con una tradición sostenida incluso en contextos políticos mucho más restrictivos de dictaduras. La presencia permanente de periodistas en la sede del Ejecutivo fue, históricamente, una garantía mínima de transparencia y control democrático.
Por eso, la medida encendió alertas inmediatas en el ámbito periodístico y político. Además de por su impacto operativo, por el mensaje que transmite: “frente a la crítica, la respuesta es limitar el acceso”.
En un gobierno que se define bajo la bandera de la libertad, la paradoja resulta evidente. La decisión tensiona el vínculo con los medios y a la vez instala un interrogante más profundo sobre los límites que el poder está dispuesto a trazar frente al ejercicio del periodismo.
