El debate en torno a la seguridad en las instalaciones deportivas y recreativas ha cobrado una relevancia inusitada en la agenda pública tras la presentación de iniciativas legislativas orientadas a extremar los controles en predios comunitarios, escuelas y clubes de barrio. En este escenario, la voz de los principales actores del sector resulta fundamental para comprender el impacto operativo y social que estas normativas conllevan. Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, dialogó en profundidad con Infocielo sobre los alcances de estas exigencias, la realidad cotidiana de las entidades locales y el delicado equilibrio entre la protección de las infancias y la sostenibilidad económica de las instituciones.
Para dimensionar la magnitud del entramado deportivo platense, es preciso señalar que el movimiento de niños, niñas y adolescentes en los clubes de la región alcanza cifras impactantes. Se estima que entre 220.000 y 230.000 menores practican semanalmente diversas disciplinas en los distintos puntos del partido, convirtiendo a estas organizaciones en el motor indiscutido de la integración social, el esparcimiento y la vida comunitaria. Lejos de ser meros espacios de recreación física, los clubes actúan como verdaderos bastiones de contención para miles de familias que confían en el trabajo diario de profesores, dirigentes y colaboradores voluntarios.
Consultado sobre su postura frente a proyectos normativos como la denominada Ley Joaquín —impulsada tras trágicos episodios de público conocimiento vinculados al anclaje de arcos deportivos—, Alba manifestó un respaldo conceptual absoluto a toda iniciativa que priorice la integridad física de los menores. Sin embargo, realizó una tajante distinción respecto al diagnóstico que a veces se instala desde afuera. Según el dirigente, catalogar a la infraestructura de los clubes como un entorno ruinoso o peligroso se aleja por completo de la realidad cotidiana que sostienen los dirigentes barriales con esfuerzo diario y vocación de servicio.
La seguridad en los clubes y el mito del riesgo inminente
Con firmeza y basándose en décadas de experiencia dirigencial, Alba descartó de plano que los chicos corran peligro de vida al ingresar a una institución deportiva de la región. “Nosotros tenemos la responsabilidad de que a los chicos no les pasa absolutamente nada, desde que estoy en la Federación nos pasó que una vez un bicho taladro (Hylotrupes bajulus) se comió un arco por dentro y se rompió el poste, tampoco están desastrosos, no están corriendo un riesgo de vida”, enfatizó el referente, aludiendo a un incidente aislado ocurrido hace muchísimos años que evidencia lo infrecuente de este tipo de fallas estructurales graves.
El dirigente aclaró que las objeciones o diferencias no radican en la falta de cuidado, sino en la disparidad entre las prácticas tradicionales de seguridad y las exigencias técnicas específicas que ahora se pretenden estandarizar por ley. “Piden condiciones para lo cual lo que hacemos en la actualidad, por ahí necesitarían otro tipo de refuerzo, viste, que sí se puede hacer, pero también se necesita dinero”, reconoció, poniendo sobre la mesa la genuina preocupación económica que embarga a las comisiones directivas ante cualquier modificación obligatoria de infraestructura.
Asimismo, Alba insistió en que las instalaciones actuales no representan una trampa mortal ni mucho menos. Aceptó que los sistemas de sujeción para arcos de fútbol, hockey, handball o aros de básquet podrían requerir adaptaciones según los nuevos parámetros técnicos, pero aclaró con contundencia que “eso no significa que estén corriendo riesgos, pero seguramente el sistema que se exige sea mucho más seguro quizás, sin quitar que los otros no lo sean”. El quid de la cuestión, según explica, no es la desidia institucional, sino el costo financiero que implica reconvertir toda la infraestructura existente sin un respaldo presupuestario adecuado.
El rol social, la salud mental y la contención frente al abandono
Más allá de los debates técnicos sobre la disposición de arcos y postes, el presidente de la Federación remarcó que la labor de los clubes trasciende ampliamente la mera práctica deportiva. En las instituciones se forman deportistas, pero fundamentalmente se construyen ciudadanos dotados de valores esenciales como la amistad, el compañerismo y el amor por la familia. Este enfoque integral es frecuentemente invisibilizado en los debates normativos, a pesar de constituir una herramienta de transformación social de un valor incalculable para las nuevas generaciones de bonaerenses.
En este sentido, Alba aportó un dato clave sobre el impacto invisible pero vital de los clubes en la salud mental de la juventud, vinculándolo directamente con problemáticas contemporáneas complejas como el incremento sostenido de la tasa de suicidios juveniles. Desde la Federación integran la red Globalpsy, compuesta por destacados profesionales de la salud mental —psiquiatras y psicólogos—, quienes reafirman que la permanencia de un niño o adolescente dentro de un ámbito institucionalizado reduce exponencialmente las probabilidades de aislamiento y conductas autolesivas.
La subsistencia de este entramado descansa casi de manera exclusiva sobre los hombros de dirigentes que ejercen sus funciones movidos puramente por la vocación de servicio. La realidad económica de las entidades dista mucho de ser holgada: operan sin subsidios fijos mensuales por parte del Estado y dependen de la cuota social, eventos benéficos y el esfuerzo personal. “Trabajamos con vocación de servicio. Hacemos las cosas con amor, pero sin ningún apoyo del Estado”, lamentó Alba, ejemplificando la fragilidad financiera crónica con la que deben lidiar día a día los clubes de barrio en La Plata.
Relación con el Estado, diálogo pendiente y presupuesto necesario
Frente a la pregunta sobre un eventual canal de diálogo con el Poder Ejecutivo o el Concejo Deliberante para canalizar las demandas económicas que implicaría la adecuación a la Ley Joaquín, el titular de la Federación fue cauto y directo. Confirmó que hasta el momento no se han iniciado conversaciones formales con las administraciones gubernamentales respecto a esta ley en particular, aunque anticipó que buscarán abrir mesas de trabajo. Su postura es inflexible en un punto: si el Estado exige transformaciones técnicas complejas y costosas, deberá proveer los recursos económicos necesarios para concretarlas. “Si se tiene que hacer en la medida de la cual se exige la ley, seguramente el Estado nos va a tener que ayudar”, advirtió.
Alba reiteró que, en lo que respecta específicamente a la ciudad de La Plata, no se registran antecedentes históricos de accidentes fatales o lesiones gravísimas provocadas por el colapso de estructuras deportivas en los clubes federados. Los incidentes reportados a lo largo de los años se limitan estrictamente a los riesgos propios de la práctica lúdica y competitiva —choques fortuitos, fracturas o lesiones articulares—, los cuales se encuentran debidamente cubiertos por los seguros obligatorios que exigen las ligas y los propios establecimientos o profesores que alquilan espacios bajo la modalidad de comodato.
Para el dirigente, resulta fundamental dimensionar con precisión el universo del que se habla. Mientras que las leyes buscan prevenir escenarios extremos, la realidad cotidiana de los clubes platenses muestra canchas colmadas de niños y jóvenes protegidos por un sistema de contención integral. Cuestionar la seguridad estructural de manera alarmista, a su juicio, perjudica la confianza de las familias y desvía la atención de las verdaderas necesidades financieras y logísticas que sufren las instituciones de base comunitaria en la provincia.
Ley Joaquín
La Ley Joaquín es un proyecto normativo presentado en la provincia de Buenos Aires que establece la instalación, sujeción y mantenimiento obligatorios de elementos deportivos y recreativos para proteger la vida de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa surge a raíz del trágico fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que perdió la vida luego de que un arco de fútbol móvil sin anclaje le cayera encima durante un campamento.
El propósito central de la ley es prevenir accidentes evitables en espacios públicos y privados —como clubes, escuelas, campamentos y plazas— donde se utilicen arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de vóley o juegos de plaza.
Entre las medidas de seguridad clave que exige la norma se encuentran:
Sujeción firme: Arcos con un peso mayor a 20 kilogramos deben contar con sistemas de anclaje o contrapeso permanentes o removibles.
Estabilidad en básquet: Uso obligatorio de contrapesos en aros de básquet con pie.
Protección contra impactos: Colocación de protectores acolchonados en pisos, columnas, paredes y postes.
Guardado seguro: Espacios adecuados para almacenar elementos removibles de forma horizontal o segura.
Para su implementación, las instituciones tendrán un plazo máximo de un año para adecuar sus instalaciones tras la reglamentación. El control estará a cargo de los municipios y de profesionales matriculados que certificarán la aptitud técnica de las estructuras sin costos de gravámenes en sus honorarios.
Además, las compañías de seguros deberán exigir el cumplimiento de estas medidas antes de otorgar cobertura, y se aplicarán multas a quienes incumplan la normativa. En definitiva, la Ley Joaquín busca convertir los espacios de recreación y deporte en entornos seguros para garantizar que los menores puedan jugar sin riesgos.
