La Legislatura de la provincia de Buenos Aires atraviesa días decisivos para el futuro de las políticas sanitarias destinadas a personas con VIH, hepatitis virales, enfermedades de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis. El proyecto de ley provincial que busca adherir a la Ley Nacional 27.675 —identificado bajo el expediente E-439/24-25— se encuentra a un solo paso de llegar al recinto, pero corre el serio riesgo de caer si no obtiene despacho en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados antes del próximo 26 de noviembre.
La iniciativa, impulsada originalmente en septiembre de 2024 por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil junto al senador Federico Fagioli, ya logró superar instancias clave. Tras obtener la media sanción en el Senado bonaerense a fines de 2025, durante el corriente año cosechó el aval tanto de la Comisión de Salud como de la Comisión de Legislación General en la Cámara Baja. Sin embargo, el calendario legislativo apremia y el próximo miércoles se perfila como una fecha determinante para el tratamiento en Presupuesto.
José Di Bello, integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP), advirtió sobre la gravedad de los plazos parlamentarios y el costo que implicaría una demora en el debate legislativo. “El 26 de noviembre probablemente sea el último recinto de este año, y si la ley no llega, con lo cual estamos con cortísimos tiempos, pierde estado parlamentario y se cae”, explicó el referente, subrayando que el freno implicaría retroceder años de construcción colectiva entre redes de personas afectadas y autoridades provinciales.
Más que una simple adhesión: el régimen jubilatorio del IPS
A diferencia de otras normativas provinciales que se limitan a suscribir en uno o dos artículos el texto de una ley sancionada por el Congreso Nacional, el proyecto bonaerense incorpora un articulado específico diseñado para adaptar y garantizar derechos concretos en el territorio provincial. El eje central de esta adecuación radica en el artículo 3, que aborda una brecha previsional existente entre los trabajadores registrados en el sistema nacional y aquellos que aportan a la caja de la provincia de Buenos Aires.
La Ley Nacional 27.675 establece un régimen jubilatorio especial para personas con VIH y hepatitis virales crónicas que cuenten con más de 50 años de edad, al menos 10 años desde el diagnóstico y un mínimo de 20 años de aportes. No obstante, esa disposición rige únicamente para quienes tributan en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dejando excluidos a los empleados públicos y trabajadores bonaerenses cuyos aportes van al Instituto de Previsión Social (IPS).
Al respecto, Di Bello señaló la inequidad legal que atraviesa actualmente el distrito y la necesidad de subsanarla mediante una norma propia: “Hay una situación jurídica de desigualdad absoluta entre una persona que trabaja en la provincia de Buenos Aires y aporta a la caja provincial y no puede acceder a esta jubilación, y un compañero de trabajo que aporta al ANSES y sí puede acceder”. De aprobarse el proyecto, el artículo 3 creará formalmente el régimen provincial de jubilación especial bajo los mismos parámetros que la normativa nacional.
Vivienda, alimentación y asistencia oportuna para tuberculosis
Otro de los pilares del proyecto apunta a traducir en políticas concretas los denominados determinantes sociales de la salud, especialmente en sectores atravesados por la vulnerabilidad económica. Si bien la legislación nacional menciona la importancia de atender estas variables, la propuesta bonaerense especifica que las personas con VIH y hepatitis virales crónicas en situación de vulnerabilidad deberán ser consideradas población prioritaria dentro de los programas estatales ya vigentes en la provincia.
Esta priorización no implica la creación de nuevas estructuras habitacionales ni la entrega directa de inmuebles, sino el acceso preferencial a los planes de vivienda existentes, al igual que ocurre con otros grupos vulnerables. En el plano alimentario, la iniciativa busca ampliar el alcance del Programa Alimentario de Asistencia Integral (PAAI) —una tarjeta destinada a cubrir necesidades nutricionales básicas— para incluir formalmente a quienes conviven con hepatitis virales, equiparando sus derechos con los de las personas con VIH que ya perciben ese beneficio.
Asimismo, el texto legislativo aborda la situación de las personas diagnosticadas con tuberculosis, reforzando la exigencia de acceso oportuno a los tratamientos y revisando la aplicación de la histórica Ley provincial 10.436. Dicha norma prevé un subsidio económico durante el período activo de la enfermedad, aunque en la práctica las demoras administrativas suelen desvirtuar su finalidad. “Ese soporte económico, que también es mínimo, suele llegar dos años después de que la persona se curó; el artículo dice que sea en el momento oportuno cuando se tiene el diagnóstico”, remarcó Di Bello.
Institucionalidad y el mito del impacto fiscal en la Provincia
El articulado incluye además la asignación del 1% del presupuesto provincial ya destinado a la respuesta al VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS para fortalecer el trabajo territorial de las organizaciones de la sociedad civil. Paralelamente, otorga rango de ley a la Comisión Interministerial provincial, un espacio de articulación entre los ministerios de Salud, Educación y Trabajo, sociedades científicas y redes comunitarias que hoy funciona únicamente por resolución ministerial, a diferencia de la Comisión Nacional cuya actividad quedó paralizada tras el último cambio de gestión.
Frente a las reticencias surgidas en algunos sectores legislativos respecto al supuesto costo fiscal que podría acarrear la creación del régimen jubilatorio especial en el IPS, desde las organizaciones llevaron adelante un trabajo técnico de esclarecimiento en las comisiones. Según los registros sanitarios de la provincia de Buenos Aires, existen aproximadamente 30.000 personas diagnosticadas con VIH, de las cuales más de 20.000 reciben tratamiento activo a través del Ministerio de Salud provincial y menos de 10.000 cuentan con cobertura de obra social.
Para despejar las dudas sobre la viabilidad financiera de la medida, Di Bello detalló el alcance real del padrón potencial que cumpliría simultáneamente con los requisitos de edad, antigüedad del diagnóstico, años de aportes y afiliación al IPS: “La verdad que estamos hablando con suerte de una centena de personas, o sea 150 personas, porque tenemos que tener en cuenta el universo del que partimos”. Con los números sobre la mesa y el respaldo de dos comisiones ya obtenido, las organizaciones aguardan que Presupuesto dé luz verde la próxima semana para evitar que cuatro años de consenso social y legislativo vuelvan a fojas cero.
