La distribución de los recursos previstos por el Gobierno nacional para 2027 vuelve a encender las alarmas en las provincias. De acuerdo con un análisis del Partido Socialista, elaborado a partir del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, Santa Fe se encuentra entre los distritos con menor inversión nacional en obra pública por habitante.
Los números ubican a la provincia en el puesto 20 sobre 24 jurisdicciones, con una asignación de poco más de $18.000 por habitante, frente a un promedio nacional cercano a los $37.000.
El relevamiento fue reconstruido por el diputado socialista Pablo Farías y su equipo, que cuestionaron el criterio utilizado por la administración de Javier Milei para distribuir los fondos destinados a infraestructura.

Santa Fe recibirá menos recursos para infraestructura
Según el desglose del proyecto presupuestario, la Nación prevé destinar a Santa Fe $66.110 millones, una cifra que representa el 1,75% del gasto de capital nacional y el 3,84% de los recursos distribuidos entre las provincias.
Del total previsto, $35.465 millones corresponden a transferencias, mientras que los $30.645 millones restantes serán ejecutados directamente por el Estado nacional.
La diferencia con otros distritos resulta significativa. Mientras Santa Fe recibiría poco más de $18.000 por habitante, la Ciudad de Buenos Aires tendría asignados $136.340 por persona y Tucumán, unos $64.099.
Desde el socialismo señalaron que el reparto no refleja el peso económico y demográfico de Santa Fe, que concentra cerca del 8% de la población argentina y aporta al fisco nacional más recursos de los que recibe.
Rutas y mantenimiento: en qué se utilizarán los fondos
El detalle de las partidas también muestra una fuerte concentración de los recursos en mantenimiento y rehabilitación de rutas existentes, con pocas inversiones destinadas a ampliar la infraestructura provincial.
Entre las principales obras contempladas aparecen dos contratos de rehabilitación vial: uno sobre la Ruta Nacional 11, entre Santa Fe y Chaco, por $9.376 millones, y otro sobre la ex Ruta Nacional 9, por $5.419 millones.
En cambio, algunos proyectos estratégicos para la provincia cuentan con partidas considerablemente menores.
La construcción de la autopista de la Ruta Nacional 34, entre Angélica y Sunchales, tendría asignados apenas $914 millones. Por su parte, los terceros carriles de la Ruta Nacional 9, entre Alvear y Rosario, recibirían $315 millones.
También figura la ampliación de la planta depuradora de Rafaela, con una inversión prevista de $2.027 millones para el próximo año.
El recorte de Milei y la caída de la inversión nacional
El análisis del socialismo también advierte sobre el deterioro acumulado de la inversión pública desde el inicio de la gestión libertaria.
De acuerdo con los datos presentados por Farías, entre 2023 y 2025 el gasto de capital nacional destinado a Santa Fe cayó un 81% en términos reales. La partida pasó de $280.358 millones a $52.774 millones, una vez descontado el efecto de la inflación.
Si bien el Presupuesto 2027 contempla una recuperación cercana al 20% respecto de los niveles de 2024 y 2025, los recursos todavía estarían lejos de compensar la pérdida registrada durante los primeros años del gobierno de Milei.
En paralelo, el Ejecutivo nacional contempla otorgar garantías por hasta 300 millones de dólares para que Santa Fe pueda financiar obras de infraestructura mediante endeudamiento. Entre los proyectos mencionados aparecen el acueducto biprovincial con Córdoba y las defensas contra inundaciones en San Javier.
Para Farías, esta modalidad implica trasladar a las provincias el costo de obras que históricamente contaban con financiamiento nacional.

La Caja de Jubilaciones y otros reclamos de Santa Fe
Las objeciones del socialismo al Presupuesto 2027 no se limitan a la obra pública. Otro de los puntos de conflicto es el financiamiento de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.
El proyecto contempla una partida global de $503.326 millones para compensar el déficit de las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación, aunque no establece cuánto recibirá cada jurisdicción.
También forman parte de los cuestionamientos el financiamiento universitario, las políticas destinadas a personas con discapacidad y la distribución de los subsidios al transporte público.
En este último punto, Farías cuestionó las diferencias entre las compensaciones destinadas al AMBA y las que reciben las provincias del interior, luego de la eliminación del Fondo Compensador del Interior.
Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa las negociaciones con los bloques dialoguistas en el Congreso para conseguir los respaldos necesarios para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027. En ese escenario, los recursos para las provincias y el financiamiento de las obras públicas aparecen entre los principales puntos de discusión política.


