El Gobierno de Javier Milei oficializó su pedido al Congreso Nacional para respaldar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque lo que comunicó es que lo hará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), eludiendo así el debate legislativo. Esta operación de crédito público, que contempla la cancelación de deuda con el Banco Central, busca reducir la deuda pública total y fortalecer el balance de la entidad financiera nacional.
El comunicado de la Oficina del Presidente remarcó que este acuerdo con el FMI es esencial para la estabilidad monetaria y económica del país, con el objetivo de continuar con el proceso de desinflación y liberar las restricciones cambiarias. “No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos“, aseguró Milei, haciendo hincapié en la necesidad de la intervención urgente del Congreso para aprobar el acuerdo.
¿Y el Congreso?
Sin embargo, la estrategia del Gobierno de avanzar por la vía del DNU plantea dudas sobre la legitimidad del proceso. Aunque el FMI declaró que no exige una validación parlamentaria para el acuerdo, la decisión de Milei de recurrir a un DNU refleja la voluntad de eludir un debate político.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había asegurado que “la posibilidad de que sea aprobado por decreto no es real”, ya que, según él, el FMI no lo permitiría debido a la necesidad de “seguridad jurídica”. Sin embargo, el FMI, a través de su vocera Julie Kozack, reafirmó que la decisión de avanzar con el acuerdo recae exclusivamente en el Ejecutivo, sin necesidad de pasar por el Congreso.
El fantasma de la devaluación
Las proyecciones económicas también alimentan las dudas sobre la estrategia de Milei. El Bank of America (BofA) ha pronosticado una devaluación del 30% para fines de 2025, lo que entra en contradicción con el discurso oficial que sostiene que la inflación está bajo control. En este contexto, la política cambiaria del Gobierno, que sigue manteniendo el cepo, pone en evidencia las inconsistencias del programa económico de Milei y Caputo, quienes criticaron en el pasado el intervencionismo estatal pero mantienen medidas restrictivas sobre el mercado cambiario ante la falta de dólares.
La decisión de avanzar con el DNU para concretar el acuerdo con el FMI, sin el aval del Congreso, resalta una vez más las contradicciones del Gobierno de Milei, que, por un lado, se presenta como defensor de la libertad económica y, por otro, recurre a medidas extraordinarias que eluden el control legislativo, al igual que lo hizo la semana pasada con la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto.“. La falta de claridad sobre los detalles del acuerdo, sumada a las tensiones internas y a las proyecciones financieras poco alentadoras, deja abierta la pregunta sobre la sostenibilidad del plan económico de Milei, especialmente en un año electoral clave.
Si bien la reducción de la deuda pública y el control de la inflación son objetivos urgentes, el camino que el Gobierno ha elegido podría generar más incertidumbre y profundizar las críticas sobre la viabilidad del plan económico. El debate sobre el FMI y el DNU se convirtió en una nueva pieza clave en la compleja ecuación política y económica de la gestión de Milei.
