La inseguridad empieza a empujar a los intendentes bonaerenses a buscar respuestas propias ante una problemática que, por ley y por estructura, tiene a la Provincia como principal responsable.
El caso más reciente es Morón, donde tras un grave episodio de inseguridad donde un padre de un estudiante resultó baleado, el intendente Lucas Ghi anticipó que la nueva Policía Comunal que impulsa podrá utilizar armas de fuego, incluso antes de que exista una normativa que habilite a los municipios a proveer armamento letal.
La decisión tiene un peso político particular: Ghi es un dirigente aliado de Axel Kicillof y forma parte del frente político que sostiene al Gobernador. Sin embargo, ante un problema que también golpeó de lleno a su propio entorno, decidió publicitar una herramienta municipal en la que ya trabaja para reforzar la prevención y la respuesta ante hechos delictivos.
El episodio que aceleró la discusión ocurrió frente al Colegio Nacional de Morón, durante el ingreso de los alumnos. Un hombre, identificado como Hernán y exintegrante de una fuerza de seguridad, fue baleado durante un robo a unos 25 metros de la entrada del establecimiento. Se trata del mismo lugar donde Ghi deja a su hijo todas las mañanas.
“Hernán deja el auto a veinticinco metros de donde lo dejo yo todas las mañanas cuando llevo a mi hijo”, reconoció el intendente, que además fue alumno y docente de esa institución.
El mismo día se registró otro episodio: una mujer que llevaba a sus hijos al colegio fue interceptada por ocupantes armados de un vehículo, quienes la obligaron a bajar de su auto. La sucesión de hechos derivó en una convocatoria vecinal y volvió a poner en primer plano la demanda por mayor seguridad.
Morón arma su propia respuesta
La primera promoción de la Policía Comunal de Morón estará integrada por 130 efectivos y comenzará a operar durante los primeros días de diciembre, después de cuatro meses de reentrenamiento.
El dato central es quiénes integrarán esa fuerza. Se trata de exmiembros de fuerzas de seguridad que pasaron voluntariamente a retiro pero que conservan el estado policial. Por esa condición, son legítimos portadores de sus armas personales y pueden utilizarlas ante situaciones que lo requieran.
El municipio, en cambio, continúa teniendo una limitación legal: actualmente los gobiernos locales no pueden proveer armamento letal a sus fuerzas de seguridad. Por eso, Ghi trabaja junto a la Provincia para impulsar una modificación normativa que permita que los efectivos municipales puedan contar con armamento reglamentario provisto por el Estado local.
“Se está trabajando con la Provincia para que exista una ley provincial que nos permita tener personal armado bajo nuestra jurisdicción”, explicó el intendente.
Mientras tanto, el esquema será mixto. El municipio entregará armas de baja letalidad como equipamiento institucional, mientras que los agentes que mantienen estado policial podrán recurrir a sus armas personales en situaciones extremas.
Un aliado de Kicillof que busca respuestas propias
El movimiento de Ghi expone una tensión que excede a Morón. El intendente está lejos de una ruptura política con Kicillof, pero expone las deficiencias de la Provincia al querer ampliar las herramientas municipales para responder a una demanda que golpea directamente a los gobiernos locales.
Los intendentes son quienes reciben el primer reclamo de los vecinos cuando ocurre un delito. Sin embargo, no controlan integralmente la Policía Bonaerense ni tienen todas las herramientas legales para armar fuerzas propias. Esa brecha entre la demanda social y las competencias efectivas de los municipios empieza a generar respuestas cada vez más autónomas.
Y el fenómeno ya no se limita a intendentes que enfrentan al Gobierno provincial.
Ishii, otra alarma desde el Conurbano
El caso de José C. Paz agrega una señal todavía más incómoda para Kicillof. Después del asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 22 años atacado por motochorros para robarle su motocicleta, el municipio reclamó al Gobernador que refuerce la seguridad en el distrito y en toda la Provincia.
El planteo tiene una particularidad política: José C. Paz sigue teniendo como principal referencia a Mario Ishii, histórico barón del Conurbano, intendente en uso de licencia y actual senador provincial. Ishii viene mostrando en los últimos meses una mayor cercanía con el kirchnerismo y negoció su lugar como vicepresidente primero del Senado bonaerense, en un esquema que lo alejó del núcleo político de Kicillof.
Desde esa posición, el dirigente ya había protagonizado otros cruces con la gestión provincial. En el Senado reclamó declarar la emergencia alimentaria y sanitaria y cuestionó públicamente al Gobernador por la situación de los hospitales y el deterioro social en el Conurbano.
Ahora, desde su propio territorio, aparece otro reclamo hacia la Provincia: “La seguridad requiere de acciones inmediatas y es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad”, señaló la Municipalidad de José C. Paz.
El municipio, además, enumeró los recursos que destina para sostener la prevención: más de 250 efectivos, 70 móviles de Patrulla Urbana, cámaras del Centro de Operaciones Municipal y operativos conjuntos, además del combustible y la reparación de móviles de la Policía Bonaerense.
La inseguridad, el frente que más expone al Gobernador
La coincidencia entre ambos casos tiene una lectura política difícil de ignorar. En Morón, un intendente aliado de Kicillof busca ampliar las herramientas municipales porque considera insuficiente el esquema actual. En José C. Paz, un histórico dirigente peronista cada vez más cercano al kirchnerismo reclama directamente al Gobernador que se haga cargo de reforzar la seguridad.
La diferencia política entre Ghi e Ishii es importante, pero el problema que los atraviesa es el mismo: los intendentes quedan en la primera línea frente a una demanda que la Provincia debe responder.
Y ocurre, además, cuando la inseguridad vuelve a ocupar el centro de la discusión bonaerense por el conflicto alrededor del régimen penal juvenil. La decisión de una jueza de menores de suspender su vigencia fue utilizada por sectores opositores para volver a cargar contra Kicillof, aunque se trate de una resolución judicial y no de una medida adoptada por el Ejecutivo.
