Luego de que se pusiera en tela de juicio la efectividad del sistema de pulsera magnética tras lo sucedido con el crimen de una familia de Campana, el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, consideró que su implementación debe continuar pero con mejores evaluaciones.
En ese sentido, el ex funcionario provincial señaló que “no creo que sea imposible, lo que tiene que hacerse es un buen monitoreo de ese funcionamiento y evaluar la experiencia habida desde el 97, que es cuando se implementó, hasta ahora. Y en función a los resultados y examen cuidadoso por parte de expertos, continuar con el sistema, que es un sistema posible y se utiliza en muchas partes del mundo”.
Acerca de lo que sucedió con Angel Fernández, el acusado del aberrante asesinato de un martrimonio y sus dos hijos y que se encontraba bajo el régimen de pulsera, opinó que “es probable que haya habido una sucesión de infortunios. Es decir, desde el destinatario de la medida que nunca debió haber sido este sujeto hasta la falla detectada.
Es un hecho trágico, dramático y lamentable y pone sobre el tapete la eficiencia de la responsabilidad del estado y la necesidad de evaluar los criterios de las eficiencias con lo que se opera”.
Según cree, “es una gran oportunidad para un examen de estas cuestiones. No me cabe dudas, hay gran consternación y el gobierno de la provincia se hizo eco, tanto el gobernador Scioli como su Ministro de Justicia están tomando una serie de medidas. A su vez, se ha abierto un debate en la sociedad bastante últil, no sólo sobre el sentido del encarcelamiento y la eficacia de la pena privativa que en este caso no hizo mella, sino también el criterio con que los jueces a la hora de conceder libertades, actúan, y si son también confiables los informes de los gabinetes psicotécnicos del Servicio Penitenciario respecto a la información personal y el perfil criminalístico”.
En cuanto al fallo del juez Nicolás Schiavo, Arslanián aseveró que “a primera vista, sobre la conducta del juez lo que parece es que esta persona nunca pudo haber gozado de ese beneficio. En este caso en particular se trata de alguien que había cumplido parte de una pena y tengo entendido que a esa se le sumó un nuevo delito por tenencia de armas de guerra”.
“Evidentemente era reincidente y no se explica muy bien el porque de una medida morigerada como esta. Es un tema muy espinoso. Es un capitulo enorme que tiene que ver con el fin de la pena y del proceso resocializador. Esto merece una reflexión y también repasar con que herramientas se controla una libertad morigerada”, finalizó.
En ese sentido, el ex funcionario provincial señaló que “no creo que sea imposible, lo que tiene que hacerse es un buen monitoreo de ese funcionamiento y evaluar la experiencia habida desde el 97, que es cuando se implementó, hasta ahora. Y en función a los resultados y examen cuidadoso por parte de expertos, continuar con el sistema, que es un sistema posible y se utiliza en muchas partes del mundo”.
Acerca de lo que sucedió con Angel Fernández, el acusado del aberrante asesinato de un martrimonio y sus dos hijos y que se encontraba bajo el régimen de pulsera, opinó que “es probable que haya habido una sucesión de infortunios. Es decir, desde el destinatario de la medida que nunca debió haber sido este sujeto hasta la falla detectada.
Es un hecho trágico, dramático y lamentable y pone sobre el tapete la eficiencia de la responsabilidad del estado y la necesidad de evaluar los criterios de las eficiencias con lo que se opera”.
Según cree, “es una gran oportunidad para un examen de estas cuestiones. No me cabe dudas, hay gran consternación y el gobierno de la provincia se hizo eco, tanto el gobernador Scioli como su Ministro de Justicia están tomando una serie de medidas. A su vez, se ha abierto un debate en la sociedad bastante últil, no sólo sobre el sentido del encarcelamiento y la eficacia de la pena privativa que en este caso no hizo mella, sino también el criterio con que los jueces a la hora de conceder libertades, actúan, y si son también confiables los informes de los gabinetes psicotécnicos del Servicio Penitenciario respecto a la información personal y el perfil criminalístico”.
En cuanto al fallo del juez Nicolás Schiavo, Arslanián aseveró que “a primera vista, sobre la conducta del juez lo que parece es que esta persona nunca pudo haber gozado de ese beneficio. En este caso en particular se trata de alguien que había cumplido parte de una pena y tengo entendido que a esa se le sumó un nuevo delito por tenencia de armas de guerra”.
“Evidentemente era reincidente y no se explica muy bien el porque de una medida morigerada como esta. Es un tema muy espinoso. Es un capitulo enorme que tiene que ver con el fin de la pena y del proceso resocializador. Esto merece una reflexión y también repasar con que herramientas se controla una libertad morigerada”, finalizó.
