Una semana después del lock out de las empresas de colectivos que brindan el servicio de transporte público en el conurbano bonaerense, las compañías del interior del país recogieron el guante. A través de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) anunciaron que podrían interrumpir el servicio y exigieron un aumento tarifario.
La entidad emitió un comunicado para pedir un “sinceramiento” del costo del boleto y un reordenamiento de las actuales regulaciones. Según entienden, las leyes actuales “han llevado a las empresas a una situación de quebranto”. En esta línea, advirtieron que las empresas del interior “no pueden hacer frente a los aumentos de costos por encima del índice inflacionario”.
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A 5 días de que asuma Javier Milei, la FATAP propuso poner en marcha una tarifa única en todo el país “estimada en $550, contrastando con los actuales $60 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los $250 en las provincias, una cifra lejos del punto de equilibrio”. Asimismo, pidieron que el Estado asista a quienes no pueden pagar ese boleto mínimo, pero “asegurando que el subsidio se dirija a la demanda, mientras se permite que la oferta trabaje sin distorsiones”.
En la misiva, la entidad advirtió que podría tomar medidas de fuerza, incluyendo paros progresivos que podrían afectar a más de 10 millones de personas. “Las decisiones políticas sin bases técnicas, ni sustento jurídico, han deformado el sistema en los últimos años, afectando gravemente a las empresas de colectivos del interior”, sostuvieron.
La FATAP insistió en la necesidad de un sinceramiento tarifario y llamó al Estado a “recrear las condiciones económicas y financieras esenciales para evitar la descapitalización y garantizar una calidad de servicio adecuada para los usuarios”.
Los transportistas consideraron que “las compensaciones tarifarias y las asistencias mediante tributos sociales solo sirven para simular ingresos insuficientes, mientras las empresas enfrentan riesgos, costos y responsabilidades legales sin la contrapartida del Estado”.
Por último, la FATAP señaló que “este esquema de ficción impide cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios, aguinaldos y otros costos laborales, así como la compra de combustibles y repuestos a precios dolarizados”.
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