En una provincia donde nadie discute nada, un intendente quiere discutirlo todo. Desde Castelli, una pequeña comunidad de cerca de 15 mil habitantes, Francisco Echarren propone dar vuelta el diseño institucional bonaerense empoderando a los municipios. Para eso trabaja en el borrador de una ambiciosa Carta Orgánica, la primera en la historia de la provincia, con lineamientos claros y específicos para alcanzar un objetivo que hoy todavía parece una utopía.
El borrador al que accedió INFOCIELO contiene por ahora 196 artículos y rompe con la lógica de la actual Ley Orgánica de las Municipalidades, el decreto-ley que desde hace casi siete décadas establece un diseño institucional uniforme para los 135 distritos bonaerenses. Más que una reforma administrativa, propone un cambio casi filosófico en la manera de entender el funcionamiento del Estado, la distribución del poder y el rol de las comunidades a la hora de organizar su propia vida política.
La estrategia de Castelli es a dos bandas. Mientras el Concejo Deliberante dio el puntapié inicial para redactar la Carta Orgánica, Echarren recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que defina si los municipios bonaerenses tienen derecho a ejercer la autonomía institucional que reconoce el artículo 123 de la Constitución Nacional.
Soñar en grande: qué plantea el “borrador de Castelli”
La iniciativa parte de la premisa de que los municipios no deben limitarse a administrar las competencias que les delega la Provincia, sino convertirse en gobiernos locales, con capacidad para darse sus propias reglas, ampliar sus atribuciones y diseñar instituciones acordes a las necesidades de sus comunidades.
Entre las principales innovaciones que aparecen en el documento se destacan:
- Un Órgano de Cuentas municipal elegido por voto popular, en lugar del actual esquema de control exclusivamente provincial. El actual Tribunal de Cuentas seguiría funcionando, pero como segunda instancia de revisión ante eventuales apelaciones.
- La elección de los jueces de Faltas por los vecinos.
- La creación de una Defensoría del Pueblo, una Junta Electoral y un Consejo Económico y Social propios.
- Nuevos mecanismos de democracia participativa, como audiencias públicas y consultas vecinales y una representación de las localidades y territorios.
- Más facultades para intervenir en la economía local, incluyendo la posibilidad de crear entidades financieras, mercados regionales y empresas públicas.
- Una fuerte descentralización territorial, con jueces o alcaldes de barrio y nuevos órganos de representación local.
- La potestad de definir reglas propias del sistema político, incluyendo aspectos tan sensibles como la duración de los mandatos o el régimen de reelecciones de las autoridades municipales.
- Un sistema de presupuesto participativo, elaborado con la intervención de organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales del distrito.
El proyecto no se queda en la arquitectura institucional sino que redefine además el papel del Estado local. Entre otras facultades, habilita al municipio a crear entidades financieras, organizar mercados regionales para intervenir sobre los precios de los alimentos, promover empresas públicas cuando el bien común lo requiera e incluso impulsar una profunda descentralización de la administración de justicia mediante jueces o alcaldes de barrio.
Hay, incluso, decisiones que revelan hasta qué punto la autonomía municipal atraviesa todo el proyecto. El borrador mantiene el límite de una sola reelección consecutiva para el intendente y los concejales, pero el dato más relevante no es ese sino que asume que esa discusión debe quedar en manos de cada municipio. En otras palabras, si la organización institucional pasa a ser una decisión local, también podrían quedar bajo esa órbita cuestiones tan sensibles como la duración de los mandatos, los límites a las reelecciones o los requisitos para acceder a los cargos electivos.
Todavía se trata de un documento de trabajo abierto a modificaciones. Sin embargo, sus más de cien artículos permiten advertir que el objetivo excede ampliamente una reforma administrativa. El oficialismo de Castelli busca redactar una verdadera Constitución municipal, con un diseño institucional propio que, de prosperar, podría abrir una discusión inédita sobre el alcance de la autonomía de los gobiernos locales en la provincia de Buenos Aires.
