El Municipio de Olavarría dio a conocer una auditoría para intentar exponer, en su real dimensión, las dificultades con las que el actual intendente, Maximiliano Wesner, se hizo cargo de la gestión. Con una minuciosa radiografía denunciaron anomalías, irregularidades y hasta la desidia que dejó el exjefe comunal del PRO, Ezequiel Galli en sus ocho años de gobierno.
En materia económica, el estudio ratificó el millonario déficit – finalmente fue de más de 3 mil millones de pesos– que Unión por la Patria estimaba a comienzos del 2024, en su primer análisis de la realidad económica- financiera de la comuna. Pero a ello se sumó, lo que denominan el “déficit oculto” que puede rastrearse en la ausencia de obras, falta de aparatología médica – ronda los 2 millones de dólares- , un “deplorable” estado de algunos edificios municipales y en la flota automotor y a través de la “abultada” deuda con proveedores.
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“La auditoría evidencia en profundidad la desinversión en materia de salud, el déficit oculto en la infraestructura del Hospital Municipal Héctor Cura y los Centros de Atención Primaria de la Salud” alertaron desde la actual gestión de Unión por la Patria.
Municipales a préstamo: El insólito acuerdo entre el sindicato y la ex-gestión PRO de Olavarría
En materia de recursos humanos, varios de los informes se centran en la falta de controles y en los beneficios otorgados por la exgestión de Ezequiel Galli al Sindicato de Trabajadores Municipales.
El relevamiento detectó que 14 empleados no cumplían funciones en el municipio y hasta había “una persona domiciliada en La Plata que nunca fue vista en la municipalidad”.
La auditoría reveló reiterados incumplimientos horarios o aumentos de la carga horaria “pero sin cumplimiento efectivo para recibir mejoras salariales”.
También “incumplimiento de las horas extras” y “paquetes de horas extras como compensación salarial”, “retrasos de más de 10 años en recategorizaciones y pases a planta” o, caso contrario, funcionarios que en los últimos días de la gestión Galli “pasaron a planta” o “recategorizaron” entre profesionales y administrativos.
En especial, se detiene en los beneficios de 73 trabajadores que “estaban afectados a tareas del Sindicato” (Complejo Sindical Recreativo, Mutual y Administración Sindicato) es decir que habían sido “cedidos” al gremio.
Tras diferentes intimaciones, hubo 21 bajas y 10 trabajadores fueron reubicados por iniciativa propia. De los 42 trabajadores restantes que se encontraban en una situación de irregularidad, 16 eran representantes de la comisión directiva del gremio que nunca tramitaron la licencia gremial y no cumplían tareas en el municipio, lo que configuraba una “ausencia injustificada”. El resto, es decir 26 personas, fueron entrevistadas y reubicadas.
También identificaron casos de “falsificación de categoría laboral” de gremialistas y el insólito pago del consumo de luz por 17.0000.000 de pesos en medidores ubicados en un predio recreativo del Sindicato.
“Aporte partidario”: la retención obligatoria del 3% de los sueldos a funcionarios para financiar al oficialismo
Otra de las conclusiones más llamativas de la auditoría fue la mutación que tuvo el denominado “Fondo de responsabilidad patrimonial”. Creado durante la gestión del exintendente José Eseverri, con el fin de afrontar de manera solidaria las posibles multas o cargos que llegara a imponer el Honorable Tribunal de Cuentas mutó, durante el gallismo, en una forma de financiamiento de un espacio político.
Inicialmente, se trataba “de la retención del 3% del básico de todos los funcionarios del Ejecutivo, que al finalizar cada año se procedía a devolver este fondo a cada funcionario pero que “durante la gestión de Ezequiel Galli esto no sucedió en ninguno de los años e inclusive hay registros de declaraciones juradas donde algunos funcionarios de dicha gestión anterior aceptan transferir esos fondos a una cuenta de la asociación política “Asociación Civil Juntos por Olavarría” (el sello vecinalista del gallismo).
Desinversión en el sistema salud de Olavarría
La auditoría alertó sobre la “desinversión” en materia de salud y el déficit oculto en la infraestructura del Hospital Municipal Héctor Cura y los Centros de Atención Primaria. En estos lugares se relevaron graves problemas de deterioro en los edificios y una falta de mantenimiento en algunos casos de más de ocho años.
Cabe remarcar que en el inicio de la gestión se identificó “la falta de entrega de una Torre de videoendoscopia – por un valor de 88.000 dólares- adquirida por el Municipio en septiembre de 2022 que nunca fue entregada por el proveedor y que hasta agosto de 2023 no hubo registros oficiales de reclamos por parte de las autoridades”. La actual gestión intimó a la empresa para que haga llevar el equipo al nosocomio.
También da cuenta de la falta de mantenimiento de la aparatología de alta complejidad y se detiene en el caso del resonador que dejó de funcionar en 2023 y que el Ejecutivo dijo que “se vio afectado por por el crecimiento de “una plantita” en el techo. “No, no fue por una gotera. En realidad, lo que le pasó en un momento, que después se subsanó, es que, en el techo, estamos hablando de que también las construcciones del Hospital son bastante añosas. Creció una plantita y esa plantita generó una fisura en la jaula de Faraday. La jaula Faraday es lo que recubre al resonador y es lo que permite justamente que se haga la resonancia”.
Pago de tasas manipuladas y tributos no cobrados a grandes empresas
Otras de las denuncias involucró a personal de Catastro. Según se reveló, eludían “el pago de tasas sobre bienes propios o de allegados” o “cambiaban el estado del bien de vigente a no vigente para no tributar, modificar la titularidad del inmueble o su valuación fiscal”.
En otros casos, “cambiaban números de DNI para poder avanzar con los turnos para la renovación de licencias de conducir y no figurar con deudas”.
Al mismo tiempo, se relevaron incumplimientos en relación “al cobro de tasas municipales vinculadas al uso del espacio público por parte de empresas prestadoras de servicios por un total de 315 millones de pesos anuales. A pesar de estar indicado en la Ordenanza fiscal, la gestión saliente no cobraba el uso del espacio subterráneo y aéreo por parte de empresas prestadoras de servicios de internet, cable, telefonía, gas, etc, actualmente se realizó la liquidación e intimación para que las empresas abonen lo correspondiente al uso del espacio público”.
En cuanto al cobro de Derecho de Construcción que se le estaba realizando a Parques Eólicos “se pudo corroborar que la alícuota aplicada por la gestión anterior no era la correcta generando una perdida millonaria”. El revalúo determinó que la alícuota pase del 1% al 1,5%. “El monto de derecho de construcción originalmente percibido era de $ 99.954.239,97 cobrado en dos pagos (diciembre 2023 y julio 2024). A partir de las negociaciones y revisiones de estos, se resolvió un pago total de $311.425.083; lo que implicó una tercera cuota de 211.470.843 (octubre 2024). Esto significó un aumento del 178% entre las primeras 2 cuotas y la tercera” dijeron.
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