La novela en torno a los dos buques producteros que hace casi una década la empresa venezolana PDVSA encargó al Astillero Río Santiago comienza su fase más problemática, al menos para las cuentas de la Provincia. Es que, según las últimas adendas del contrato, desde el 1 de diciembre empiezan las penalidades por los incumplimientos en los plazos de entrega.
Según reconstruyó INFOCIELO desde fuentes del propio Astillero Río Santiago, el contrato vigente establecía como fecha de entrega de los buques producteros Eva Perón y Juana Azurduy al 30 de octubre, con un plazo “de gracia” de 30 días, que caduca con noviembre.
TE PUEDE INTERESAR
En rigor, el plazo de entrega que se vence es del Eva Perón, que está finalizado en un 97 por ciento, pero el del Juana Azurduy –que tiene un nivel de avance de 80 por ciento sobre el casco y no se terminaría antes de un año y medio desde hoy– está comprometido junto a éste en la cuarta adenda que se le hizo al contrato.
Por dentro y por fuera: así es el buque Eva Perón, que Astillero Río Santiago construye para PDVSA.
A partir de esa fecha, PDVSA puede ejecutar multas de hasta 20 mil dólares por día, durante un plazo de cuatro meses. A la cotización actual de la divisa norteamericana, son 800 mil pesos cada 24 horas y 96 millones transcurridos esos 120 días, una cifra significativamente menor a los 70 millones que, según precisaron desde la Gerencia de Producción, hubiera demandado terminar el 3 por ciento faltante y hacer la entrega “llave en mano” del buque en tiempo y forma, y que, de haberse invertido, habrían significado ingresos para Astillero por 217 millones.
Los contratos no son de acceso público, pero distintas fuentes –incluidos miembros de la delegación de PDVSA que visitó el país días atrás- corroboraron la información. El daño puede ser todavía mayor: la firma venezolana puede demandar un arbitraje internacional que terminaría por demoler “la imagen y la confianza” de la empresa estatal, lo cual redundaría en más limitaciones para conseguir futuros contratos y en su consecuente inviabilidad económica.
Con la cuenta regresiva cerca del final, el Gobierno provincial, desde quien lo encabeza, la gobernadora María Eugenia Vidal, hasta el director ejecutivo de Astilleros, Daniel Capdevilla, pasando por el Ministro de Producción Javier Tizado, mantienen un silencio hermético. “Hay tratativas muy tibias por parte de las autoridades para zanjar el conflicto”, advirtieron de parte de los trabajadores ante la consulta de INFOCIELO.
Esta pasividad -¿negligencia?- es coherente con la negativa de las autoridades a cotizar trabajos solicitados por empresas nacionales y extranjeras en los últimos años, y contrasta con las iniciativas de los trabajadores, que encararon gestiones, primero ante la Embajada Venezolana y luego frente a legisladores y directivos de PDVSA para encontrar un curso de acción. De ahí surgió la propuesta de que la firma financie la terminación de los buques, con 4 millones de dólares por cada uno de ellos.
Pero cunde entre los caribeños cierta desconfianza hacia las autoridades argentinas: “temen que si ponen la plata, la Provincia no la utilice para concluir las obras”, aseguró otra fuente que siguió de cerca las conversaciones. Surgió entonces otra alternativa: que Venezuela encargue la compra de los insumos necesarios a Astillero Río Santiago y que reembolse los gastos.
Esas propuestas se conocieron hace ya quince días, pero desde el Gobierno bonaerense no acusaron recibo. Mientras tanto, los días pasan y la posibilidad de que las multas por incumplimiento empiecen a llegar se agiganta. E.M.
TE PUEDE INTERESAR
