La controversia por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil continúa en la Legislatura. Luego de que la Justicia suspendiera por 60 días la aplicación de la norma en la provincia de Buenos Aires, la oposición presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle si el sistema cuenta con la infraestructura, el personal y los recursos suficientes para poner en marcha el nuevo esquema.
La iniciativa de La Libertad Avanza ingresó al Senado y busca que el Poder Ejecutivo responda sobre el estado de los centros de alojamiento para adolescentes, la disponibilidad de profesionales y personal de seguridad, el presupuesto destinado a la implementación de la ley y las obras previstas para adecuar los dispositivos existentes.
Además, reclama precisiones sobre las medidas que adoptará la Provincia durante el plazo de suspensión dispuesto por la Justicia para garantizar que, una vez vencido ese período, el régimen pueda aplicarse sin vulnerar derechos.
QUÉ QUIERE SABER LA OPOSICIÓN
El proyecto pone el foco en uno de los principales argumentos que utilizó la Justicia para frenar la entrada en vigencia de la norma: la falta de condiciones materiales para implementarla.
Entre otros puntos, solicita información sobre el estado de la infraestructura destinada al alojamiento y tratamiento de adolescentes alcanzados por el régimen, si existió un relevamiento técnico previo sobre las condiciones edilicias, cuál es la dotación de personal disponible y si resulta suficiente de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.
También requiere conocer el presupuesto asignado para 2026, el grado de ejecución de esas partidas, el cronograma de obras para subsanar las deficiencias señaladas por la Justicia y la situación de los adolescentes que ya habían quedado alcanzados por la nueva legislación.
En los fundamentos, los autores sostienen que la suspensión judicial “puso en evidencia una situación de gravedad institucional” y remarcan que el Senado debe ejercer sus facultades de control para conocer si el Ejecutivo provincial estaba en condiciones de aplicar el nuevo régimen.
LA SUSPENSIÓN QUE ABRIÓ LA POLÉMICA
El pedido de informes llega después del fallo de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo y suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la provincia.
La magistrada consideró que el Estado bonaerense no acreditó contar con la infraestructura, el personal y las condiciones necesarias para alojar y atender a los adolescentes que quedarían comprendidos por la nueva ley, lo que, según entendió, podía derivar en una vulneración de derechos.
La presentación judicial había sido impulsada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que advirtió sobre los riesgos de implementar el régimen sin una adecuación previa del sistema provincial.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO BONAERENSE
Desde el Ejecutivo provincial rechazaron los fundamentos del fallo y sostuvieron que la Provincia no puede ser responsabilizada por una ley nacional cuya implementación requiere recursos que no fueron contemplados por el Gobierno nacional.
En ese sentido, remarcaron que el nuevo régimen fue sancionado por el Congreso sin un esquema de financiamiento específico y que Buenos Aires ya trabaja en la adecuación del sistema, al tiempo que confirmó la apelación de la medida cautelar para intentar revertir la suspensión.
La administración de Axel Kicillof también planteó que la decisión judicial invade competencias propias de otros poderes del Estado y defendió la continuidad del proceso de implementación previsto para la nueva normativa.
LA OFENSIVA EN LA LEGISLATURA CONTRA LA JUEZA
La resolución de Marta Pascual no solo derivó en la apelación del Ejecutivo. También abrió un fuerte frente político en la Legislatura bonaerense.
En los últimos días, legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y HECHOS, presentaron pedidos de jury de enjuiciamiento contra la magistrada al considerar que incurrió en un supuesto exceso jurisdiccional al suspender la aplicación de una ley nacional vigente.
La ofensiva fue acompañada además por otras presentaciones impulsadas desde distintos sectores de la oposición, que cuestionaron el alcance del fallo y sostuvieron que la jueza se arrogó facultades que corresponden al Congreso y a la Corte Suprema.
