La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de Olavarría aprobó este jueves el nuevo régimen de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) para los parques eólicos – acuñada a nivel local como impuesto al viento– pero lo hizo con la oposición en contra y mediante el doble voto del presidente del cuerpo, Guillermo Santellán, de Fuerza Patria.
El Ejecutivo a cargo del intendente kirchnerista Maximiliano Wesner había introducido una modificación para reducir de 20 años a tres períodos fiscales la posibilidad de pago anticipado, aunque el gesto no alcanzó para conseguir el acompañamiento opositor.
La discusión llegó al recinto después de que el proyecto original sufriera modificaciones sustanciales en las horas previas. La nueva fórmula establece que la tasa se calculará sobre la potencia nominal instalada de cada aerogenerador, con valores que van desde USD 850 por MW para equipos de hasta 3,8 MW hasta USD 700 por MW para aquellos de 9 MW o más.
Pero la cuestión central terminó pasando por otro lado: cuánto van a pagar los parques eólicos, cuánto recauda el Municipio con el nuevo esquema y qué significa habilitar un cobro anticipado de una tasa por servicios municipales que todavía no fueron prestados.
La oposición llegó a la Asamblea cuestionando que el expediente hubiera sufrido modificaciones importantes apenas 24 horas antes de la sesión. Durante el debate, el radical Francisco González sostuvo que se habían cambiado 20 artículos y calificó el tratamiento como “poco serio”.
La reducción del anticipo fue uno de los cambios introducidos. Federico Aguilera, de Fuerza Patria, propuso que el artículo 27 habilitara el pago voluntario anticipado de hasta tres períodos fiscales, después de un cuarto intermedio generado por duros cuestionamientos de la oposición.
La concesión, sin embargo, tuvo sabor a poco para el oficialismo: la oposición no acompañó siquiera después de los cambios y el expediente terminó necesitando el voto doble de la Presidencia para ser aprobado, algo con lo que ya contaban si querían sancionar la primera versión del nuevo proyecto.
De 20 años a tres períodos: el gesto que no alcanzó
El proyecto que había llegado a la Asamblea contemplaba una alternativa de cancelación anticipada mucho más amplia. Durante el debate, la oposición cuestionó que el Municipio pudiera recibir por adelantado recursos correspondientes a ejercicios futuros.
Guillermo Lascano, de La Libertad Avanza, planteó que cobrar una tasa de manera anticipada podía generar un “desequilibrio financiero” y comprometer económicamente a las próximas administraciones.
“Si en este período fiscal cobra la tasa de 20 años claramente está haciendo un desequilibrio financiero futuro para los intendentes que vengan” consideró.
El oficialismo terminó recogiendo parcialmente el planteo. Tras un cuarto intermedio, Aguilera propuso limitar el mecanismo a tres períodos fiscales.
El cambio permitió modificar uno de los aspectos más cuestionados del proyecto, pero no produjo un acuerdo político. La oposición mantuvo su rechazo y el oficialismo tuvo que avanzar con una votación que terminó empatada.
Ahí apareció una de las particularidades de la jornada: Wesner cedió sobre uno de los puntos más sensibles, pero no consiguió ampliar su base de votos. La ordenanza fue aprobada finalmente con el doble voto de Santellán.
La pelea por cuánto pagan los parques
El otro gran eje de la discusión fue el monto de la tasa. La nueva normativa abandona el esquema de una suma fija por aerogenerador y toma como base la potencia nominal instalada. La escala contempla USD 850 por MW para equipos de hasta 3,8 MW y llega hasta USD 700 por MW para los de 9 MW o más.
Hilario Galli, del PRO, cuestionó que el nuevo régimen implique una reducción respecto de lo que, según su interpretación, deberían pagar las empresas bajo el nomenclador vigente.
El concejal sostuvo que una empresa que con el esquema anterior debía afrontar alrededor de USD 114.000 anuales pasaría a pagar unos USD 79.200.
“Como no van a estar de acuerdo esas empresas con la nota si van a tributar un tercio de lo que deberían tributar” lanzó.
Galli también vinculó esa diferencia con el mecanismo de pago anticipado. “Se ahorró 35 mil dólares por año en un día por la posibilidad de tributar anticipado”.
Y sintetizó su cuestionamiento con una frase que atravesó buena parte del debate: “Beneficio para la empresa y para la gestión Wesner, para los vecinos nada”.
Desde Fuerza Patria, Aguilera defendió la existencia misma de la tasa y planteó que los parques eólicos no deberían tener un tratamiento diferencial frente a otras actividades productivas. “¿Por qué se la tiene que pagar el verdulero de la vuelta de mi casa al Grupo Techint o YPF Luz?” razonó.
El concejal rechazó además rechazó la denominación de “impuesto al viento” que acuñó la oposición: “El viento no es un elemento tributable, no se puede fiscalizar, no se puede generar un hecho imponible. Es ridículo” observó.
Para el oficialismo, la nueva ordenanza constituye un mecanismo de justicia fiscal para incorporar a una actividad que hasta ahora no tenía un código específico dentro del nomenclador municipal.
Una nota de Techint que se metió en el debate
Otro de los elementos llamativos de la sesión fue la utilización de una nota de Ternium, empresa del Grupo Techint, como respaldo al proyecto.
La compañía manifestó su acompañamiento y destacó especialmente la estabilidad fiscal por 20 años, un aspecto que considera relevante para proyectos de gran escala y largos períodos de recupero de la inversión.
También valoró la reducción de la carga tributaria y las alternativas vinculadas al pago anticipado.
Para Aguilera, el pronunciamiento empresarial funcionó como respaldo a una norma que busca compatibilizar inversión y recaudación y hasta ironizó con la posibilidad de que trataran de kirchnerista al holding que lidera Paolo Rocca.
La oposición hizo una lectura completamente diferente. Galli sostuvo que resulta lógico que las empresas apoyen una norma si el resultado final es una carga tributaria inferior a la que, según su interpretación, correspondería aplicar con el régimen vigente.
El empate que abrió otra discusión: ¿alcanzaba el doble voto?
La ordenanza 5901/26 fue aprobada con el voto doble de Guillermo Santellán después de que la votación terminara empatada. Ese mecanismo se convirtió en otro de los puntos de conflicto. La oposición sostuvo que para crear o modificar una tasa municipal debía alcanzarse la mayoría absoluta exigida por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Guillermina Amespil planteó que, con 40 miembros presentes, eran necesarios 21 votos afirmativos y anticipó que el tema podría ser analizado por el Tribunal de Cuentas.
En esa línea, la concejal del gallismo sostuvo que existen antecedentes judiciales en los que se cuestionó el uso del voto doble de la Presidencia para alcanzar mayorías especiales y habló de una “clara duda” sobre la validez del procedimiento utilizado.
La oposición, de hecho, dejó asentado que no acompañaría una sesión que considera irregular.
El oficialismo respondió recuperando antecedentes de la gestión del exintendente Ezequiel Galli. Aguilera recordó que en 2016, durante aquella administración, también se había retirado un proyecto de la preparatoria para introducir otro durante el tratamiento de una modificación de la Fiscal e Impositiva.
La discusión dejó, por un lado, la pulseada económica sobre cuánto pagarán los parques eólicos y cuánto resigna o recauda el Municipio con el nuevo régimen. Por el otro, la polémica sobre si el doble voto de la Presidencia alcanza o no para validar la mayoría necesaria.
