En el marco de la presentación de la tercera etapa de las obras de un mega plan de infraestructura penitenciaria, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, trajo a colación un evento que fue uno de los más cuestionados de la pandemia: la liberación de presos, o mejor, el beneficio de la prisión domiciliaria durante el aislamiento.
Luego del anuncio de que comenzarán a construir 5.500 nuevas plazas en Florencio Varela, Moreno, Mercedes, Melchor Romero, Ezeiza, Quilmes, Lanús, La Matanza, Tres de Febrero, Moreno y Tigre, el mandatario provincial realizó un pormenorizado análisis de la situación carcelaria en relación a los derechos humanos, pero también a la seguridad ya que, como señaló varias veces, el objetivo final es bajar los niveles de reinsidencia, que al inicio de su gestión estaban en 46 por ciento.
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“Teníamos un problema estructural en el SPB, contaba con más de 52 mil internos y tenía 24 mil plazas. Eso produjo hacinamiento, por decir lo menos. Era más grave porque en las cárceles de la Provincia había una crisis humanitaria, dicho por el Poder Judicial. Esto también tiene causas históricas de larga data”, señaló Kicillof.
En ese proceso, apuntó hacia María Eugenia Vidal al señalar que durante la gestión de Cambiemos, “hubo un proceso de crecimiento de la población carcelaria exponencial con 16 mil nuevos internos” y cuestionó que para eso solo se hayan levantado mil plazas.
“Fue una política desastrosa. Claro que quién gobierna no decide quien entra ni sale de la cárcel, no es función del gobernador o gobernadora; eso lo vuelvo a decir porque me tienen un poco podrido diciendo que liberamos presos. Cansa. No tenemos esa potestad”, dijo a los gritos ante el planario.
Como explicó Infocielo, fue una resolución del Procurador Julio Conte Grand, ex Secretario legal y técnico de Vidal, dictada a inicios de la pandemia, la que dio el marco legal que propinó las liberaciones tal como alertó este medio a comienzos del 2020. El funcionario, les ofreció la herramienta a los defensores oficiales para que soliciten arrestos domiciliarios a personas con condena y se disminuya la cantidad de prisiones preventivas –imputados alojados en cárceles hasta el juicio oral-, bajo el único parámetro de ser personas de riesgo.
En resumidas cuentas: la única clave para que sea otorgado el beneficio se centró en la cuestión sanitaria y no tuvo en cuenta factores como la gravedad del delito o el prontuario que llevó a los delincuentes a estar tras las rejas.
En ese plano, el gobernador defendió la construcción de unidades penitenciarias y alcaidías en los municipios del conurbano y, tras destacar que la alcaidía es “un invento argentino que se replica en el mundo”, ayudarán a descomprimir las comisarías que -aunque ilegal. alojan detenidos por la falta de espacios en las cárceles y reivindicó los dichos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
“Las detenciones se producen en las comisarias, pero esas son celdas pensadas para otra cosa. Entonces como no hay lugar se quedan y hay varios problemas como fugas, pero además la policía se termina ocupando de lo que no se tiene que ocupar. Cuando Cristina decía que hablemos en serio de seguridad hablaba de esto, lo que pasa es que la derecha no habla en serio porque implica invertir, pensar y tener un Estado presente”, cerró.
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