La Justicia resolvió a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en el conflicto que mantenía con Agrícola Ganadera La Alpina SA y otros productores rurales, quienes habían solicitado el recálculo del Impuesto Inmobiliario Rural 2024. Los reclamantes argumentaban que el cálculo del tributo era incorrecto y confiscatorio, señalando que no se respetaban los topes establecidos. Además, solicitaron que la cuota 4 no superara el monto de la cuota 3 y pidieron la devolución de los supuestos excedentes abonados.
El juez rechazó el amparo presentado y estableció que el planteo debía ser reconducido por la vía correspondiente. En su fallo, la Justicia tomó en cuenta el informe de ARBA, el cual demostraba que el impuesto fue calculado conforme al marco legal vigente. Este fallo definitivo fue emitido el 3 de febrero de 2025, poniendo fin a la disputa en favor del organismo recaudador.
Denuncias de “uso político”
Cristian Girard, titular de ARBA, expresó con contundencia: “Lamentablemente, desde la oposición hicieron un uso político del tema, con Espert y dirigentes del PRO llamando a la rebelión fiscal. En los hechos, lo único que lograron fue hacerles perder plata y tiempo a un grupo de productores, porque este fallo definitivo le da la razón a ARBA“.
Girard también destacó que, a pesar de las críticas políticas, aquellos que impulsaron la rebelión fiscal “tenían todos los impuestos al día” y agregó que la situación había sido aprovechada para generar caos, mientras que quienes promovían el incumplimiento tributario cumplían con sus responsabilidades fiscales.
La resolución judicial también tiene importancia dentro de un contexto más amplio, ya que este mismo reclamo fue rechazado en otros departamentos judiciales de la provincia. Para Girard, “nosotros seguimos trabajando para garantizar el cumplimiento de las leyes impositivas, persiguiendo la equidad fiscal y generando recursos públicos genuinos que se destinan al desarrollo de la Provincia.”
Este fallo ha sido un golpe a la rebelión fiscal impulsada por ciertos sectores del campo, quienes han continuado luchando contra los aumentos impositivos, en medio de un clima político tenso y dividido. La respuesta judicial marca un hito en este conflicto y fortalece la postura de ARBA en cuanto al cumplimiento de las normativas fiscales.
