La audiencia pública con finalidad informativa en la que la Corte Suprema oirá las quejas de Farmacity, respecto de la supuesta inconstitucionalidad de las leyes bonaerenses, que le impiden desembarcar en territorio provincial, quedó fijada para el próximo 7 de noviembre, tras una serie de dilaciones.
La audiencia fue “reagendada”. En principio se había fijado para el 29 de agosto, pero debió reprogramarse porque la ministra Elena Highton de Nolasco hizo otros planes. La septuagenaria magistrada concurrirá a la “Primera Reunión Preparatoria y Segunda Reunión de la Comisión de Género y Acceso a Justicia de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia” que se celebró en México entre el 27 y el 31 de agosto, con lo cual no podrá estar presente.
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La ausencia de Highton es un obstáculo insalvable, toda vez que, sin ella, y sin los dos jueces que debieron excusarse por sospechas de parcialidad -Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- sólo Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda quedan habilitados para participar.
Esa audiencia pública, si viene tiene “finalidad informativa”, se enmarca en la causa CSJ 118/2017/RH1 “Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, mediante la cual la firma vinculada al ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, busca instalarse en la Provincia.
Hasta ahora, todas las instancias judiciales bonaerenses fallaron en contra. Farmacity quiere torcer la legislación vigente, que impide que sociedades anónimas expendan medicamentos, además de varias otras regulaciones, por tacharla de inconstitucional. Esas pretensiones chocan con la resistencia de los farmacéuticos bonaerenses y de una normativa que considera a la farmacia una cuestión de “salud pública” y no un mero negocio.
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