La Confederación General del Trabajo (CGT) se anotó un triunfo en su lucha contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La central obrera quiere que se declare su inconstitucionalidad, pero eso todavía no sucedió. Ya hay un capítulo anulado.
Así lo decidió Herman Mendel, el juez a cargo del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo Nº30. Ayer, firmó un falló en el que suspendió “la totalidad de los efectos” del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires para transferir el fuero laboral al ámbito porteño. Esta suspensión regirá “hasta el dictado de la sentencia definitiva”.
Se trata de uno de los capítulos de la reforma laboral, concretamente los artículos 90 y 91, que fue cuestionado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y fueron a los tribunales para pedir que se declare “la nulidad e invalidez constitucional”. Eso todavía no sucedió, pero el juez Mendel ya se hizo eco del reclamo y suspendió esa parte de la ley hasta tomar una decisión definitiva.
Para la CGT fue “un fallo clave en defensa del fuero del trabajo y los derechos laborales”. “La resolución expone la gravedad institucional de las medidas impulsadas, que avanzaban sobre este fuero sin respetar los procedimientos constitucionales ni las garantías que aseguran la independencia judicial y la protección efectiva de los derechos laborales”, expresó la central obrera en un comunicado.
Habiendo fracasado con las protestas y en el Congreso, la CGT busca frenar la Ley de Modernización Laboral en la Justicia. En este contexto, el fallo de Mendel representa una victoria y desde la central obrera aseguran que “reafirma la vigencia del Estado de derecho y la importancia de que cualquier reforma respete los canales institucionales y el debate democrático”.
Los cambios de la reforma laboral que la CGT cuestiona
- Jornadas de trabajo de hasta 12 horas, fin de las horas extra y, consecuentemente, reducción del salario.
- Eliminar sanciones a los empleados que no pagaron aportes y trasgredieron la ley
- Disponer que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares.
- No reconocer las nuevas formas de trabajo, ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen.
- Reducir los aportes a las Obras Sociales, dañando la cobertura y el financiamiento del sistema de salud.
- Afectas el derecho efectivo al descanso, fraccionando de manera unilateral las de vacaciones.
- Habilitar los convenios por empresa, degradando la negociación paritaria.
- Recortes a la libertad sindical coartando asambleas y recortar la protección sindical con el pertinente debilitamiento colectivo.
- Limitar el derecho a la protesta, restringiendo el derecho de huelga.
- Aparta del acceso al servicio de justicia laboral, tanto a las y los trabajadores como a sus organizaciones gremiales, a través del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
