La especulación política -característica principal de “la casta” que prometió combatir Javier Milei– está a punto de hacerle perder un negocio millonario -vinculado con la industria del cannabis– a la Argentina.
Todo comenzó en hace aproximadamente dos semanas, cuando se puso en marcha la danza de nombres para integrar el nuevo gobierno. En esa temporalidad tuvo un hecho que por su característica casuó malestar y preocupación entre los empresarios que vienen invirtiendo en el sector.
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Uno de ellos, el Dr Marcelo Morante -vicepresidente de la Agencia de Cannabis en representación del Ministerio de Salud-, adujo un argumento verdaderamente insólito: dijo que los proyectos aprobados por el mismo Ministerio de Salud en el marco de la ley 27.350 necesitan volver a pasar por todos los organismos (INASE, ANMAT, SENASA, INTA, ETC) y contar un “informe tecnico” antes de su aprobación.
Se trata de una postura que expone niveles de desconocimiento o de mala fe que preocupan. Así lo expuso el servicio legal del Ministerio de Economía, que salió a fulminar sus argumentos.
En su dictamen, Economía aclaró que los permisos provisorios tienen validez, toda vez que la agencia ARICCAME tiene competencias legales y no requiere de informes técnicos de ninguna clase para expedirse. Con ese aval, el organismo que preside Francisco Echarren está habilitado convocar un nuevo Directorio para aprobar estos permisos en los últimos días de la gestión.
Se trata de un paso burocrático clave para que la industria cannábica empiece a mostrar sus frutos. “Sin los permisos provisorios, las empresas se quedan sin sustento para funcionar en la formalidad y en el marco de la ley 27.669”, explicó una fuente del sector ante la consulta de INFOCIELO.
Como era de esperarse, la actitud de Morante provocó un verdadero malestar entre los empresarios que vienen invirtiendo fuerte en el rubro. “No entendemos qué pasa; la ley ni la reglamentación piden eso, tenemos todos los dictamenes de esos organismos y una resolucion de salud, eso es una interpretación que nos deja a la intemperie ante un gobierno que no sabemos qué piensa de este sector”, afirmó un inversor al respecto.
La misma fuente se animó a arriesgar a modo de hipótesis que lo que buscan tanto Morante como otra directora -Valeria Rudoy- es quedar al frente de la Agencia tras el cambio de gobierno.
“Es imperdonable, esta postura nos hice perder 3 meses de avances”, planteó el empresario que pidió reserva de identidad toda vez que, aseguró, tanto él como sus pares fueron amenazados y persuadidos de no presentar pedidos de autorización para funcionar. “Sabemos que hace esto porque está hablando para seguir con Milei aunque haya presentado su renuncia formal”, agregó la fuente.
Esta semana se jugará la última carta para darle luz verde a casi 60 proyectos que pueden perder sus permisos provisorios y sus licencias. Un verdadero ataque contra la siempre bien ponderada seguridad jurídica.
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