Las elecciones de medio término celebradas el año pasado no sólo plasmaron una nueva composición y una correlación de fuerzas en el Congreso de la Nación favorables a la administración de Javier Milei. Ratificaron, además, el consenso en torno a un rumbo económico cuya marcha se aceleró notablemente. Un informe de CEPA basado en datos oficiales revela que la tasa de despidos y de conflictos laborales se duplicó desde entonces.
Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se habían registrado 507 conflictos laborales, con un promedio de 24 casos mensuales. Pero desde los comicios hasta febrero de 2026 el número saltó a 210 conflictos, lo que implica un promedio de 42 casos mensuales, prácticamente el doble. El caso de FATE, que sacudió a la opinión pública hoy, es muestra de ello.
El documento señala que, en todo el período analizado —enero 2024 a febrero 2026—, se relevaron 717 casos en todo el país, con predominio de los conflictos por despidos, que explican el 63,6% del total. También se destacan los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis vinculadas a caída de ventas, apertura importadora o incumplimientos salariales (7,8%).
Industria y pymes, los sectores más golpeados
Tras las elecciones, el perfil sectorial de los conflictos se modificó, pero mantuvo un patrón constante: la mayor presión recayó sobre la Industria. Entre octubre y febrero, el 67,1% de los casos se concentró en ese rubro, con especial impacto en textil, alimentos, automotriz y metalurgia/siderurgia.
El comercio quedó segundo (14,3%), seguido por servicios (11,9%), construcción (3,8%) y el sector primario (2,9%).
Por tipo de empresa, la conflictividad siguió una tendencia similar a la del período global: las pymes explicaron 39,5% de los casos, mientras que los conglomerados extranjeros concentraron 29,5%, principalmente por reemplazo de producción local por importaciones o por ajustes ante la caída del consumo.
El 69% de las firmas involucradas tienen capital nacional.
Un mapa federal de conflictos
Los conflictos se extendieron a todo el país: las 24 jurisdicciones registraron casos desde octubre. La Provincia de Buenos Aires encabezó la lista (17,6%), seguida por La Rioja (13,3%), Santa Fe (11,4%), Córdoba (7,1%), Misiones (6,7%), San Juan (4,8%) y Corrientes (4,3%).
El informe atribuye el salto a un proceso de aceleración de medidas empresarias poscomicios: despidos, cierres, suspensiones, recortes operativos y crisis financieras. El período posterior a octubre muestra una recomposición de la conflictividad alrededor de cuatro vectores: despidos (35,2%), cierres (21,9%), crisis (20,5%) y suspensiones (9%).
