La Argentina dio un nuevo paso en su reclamo contra la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las primeras audiencias para analizar el pedido del Gobierno nacional de imponer medidas cautelares al Reino Unido y frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación argentina apunta a detener las actividades de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, que planean iniciar la producción de petróleo en 2028. El Gobierno sostiene que las licencias otorgadas por las autoridades británicas son ilegítimas y vulneran los derechos argentinos en el marco de la disputa de soberanía sobre el archipiélago.
Las audiencias se realizarán en Hamburgo, Alemania, donde tiene su sede el tribunal internacional. Allí se evaluará si corresponde ordenar medidas provisionales para impedir que la explotación avance mientras se resuelve el conflicto de fondo. La fijación de las fechas no implica una suspensión automática del proyecto: esa decisión dependerá de lo que resuelvan los jueces.
El reclamo argentino y el avance petrolero
La Argentina presentó el pedido el 13 de octubre, después de que venciera el plazo que le había otorgado al Reino Unido para que detuviera las actividades. Entre las medidas solicitadas, el país reclama que Londres impida el inicio o la continuidad de la explotación y se abstenga de conceder nuevas licencias que puedan agravar la controversia.
El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 200 kilómetros al norte de las islas. Es operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ambas compañías cuentan con autorizaciones británicas, pero la Argentina rechaza su validez por considerar que el Reino Unido no tiene facultades para habilitar unilateralmente la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
Por su parte, el Gobierno británico sostiene que las actividades son legales y que la presentación argentina no modifica las licencias existentes. Las empresas involucradas, en tanto, manifestaron su intención de continuar con el desarrollo del proyecto.
Si el Tribunal Internacional del Derecho del Mar acepta el planteo argentino, las medidas cautelares serán obligatorias para el Reino Unido. De ese modo, la decisión podría representar un freno concreto a los planes de explotación petrolera en la zona.
Qué es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Está integrado por 21 jueces y tiene competencia para resolver controversias vinculadas con la aplicación de esa convención, entre ellas disputas marítimas y cuestiones relacionadas con la protección del medio marino.
Además, puede dictar medidas provisionales destinadas a evitar daños irreparables mientras se resuelve un litigio. La Argentina ya recurrió a este organismo en 2012, cuando reclamó por la retención de la Fragata ARA Libertad en Ghana. En aquella oportunidad, el tribunal ordenó por unanimidad la liberación inmediata e incondicional del buque, que pudo regresar al país.
Las audiencias de noviembre serán, por lo tanto, una instancia clave para determinar si la Argentina consigue una medida internacional que limite el avance de la explotación petrolera en Malvinas, en un conflicto que combina la disputa histórica por la soberanía con el control de los recursos naturales del Atlántico Sur.
