El Tribunal Oral Federal N 2 publicó hoy los fundamentos de la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y un conjunto de ex funcionarios y empresarios de obra pública por la conocida Causa Vialidad, que desde la oposición de Juntos por el Cambio calificaron como un acto de “justicia” y desde el oficialismo con el sello de la “proscripción”.
En un escrito de más de 1.600 páginas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que realizaron una “valoración integral de la prueba” para condenar a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, pese a que no fundaron en un elemento probatorio concreto su decisión.
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Descartada la figura de la asociación ilícita, los magistrados interpretaron que la ex presidenta defraudó al Estado al beneficiar con obra pública a la empresa del constructor Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
A su criterio, el delito se configuró a partir del decreto 54/2009 que le dio discrecionalidad de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para la ejecución de obras viales, los cuales se utilizaron para abonar las obras licitadas por Lázaro Báez.
A la vez que sostuvieron que los beneficios a ese empresario “tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex presidenta”; aunque esa cuestión fue dirimida en la causa Hotesur-Los Sauces por la cual Cristina Kirchner fue sobreseída.
En relación a otro de los basamentos de la condena, la relación entre el Poder Ejecutivo y el empresario Báez, luego de haber absuelto al entonces ministro de Planificación Julio de Vido -en conjunto con el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex titular de Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro, y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner-, el Tribunal dictaminó que Cristina Kirchner mantuvo una relación directa a través del ex secretario de Obras Públicas, José López.
Si bien la vicepresidenta había asegurado que jamás había cruzado mensajes con López, los magistrados adujeron que los chats del ex secretario había conversaciones con los entonces secretarios de Cristina Kirchner: Mariano Cabral y Diego Bermúdez.
En ese marco, será seguramente la vicepresidenta quien, luego de leer el extenso escrito, durante un acto en la Universidad de Río Negro exprese mañana su interpretación de los fundamentos del TOF 2. Sin embargo, este jueves distintos dirigentes políticos se manifestaron al respecto.
“La mafia judicial la quiera proscribir, el pueblo argentino no lo va a permitir. Para cuidar a la Argentina, vamos para adelante con Cristina”, manifestó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; en sintonía con la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout: “Un fallo escrito hace tiempo. Sólo la organización va a levantar la proscripción. Si el pueblo quiere, Cristina puede. CFK proscripta por hacernos tan felices. Luche y vuelve.”
Por su parte, el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis expresó: “Detrás de la persecución a Cristina Kirchner hay otra sentencia que es enterrar los 12 años del proyecto que encabezó con Néstor y tapar lo que eso simboliza. Lo que quieren es jodernos la vida. Tenemos que defender a Cristina y a algo más grande.”
A la vez que la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, aclaró que “el Presidente sigue sosteniendo la inocencia de la Vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia”.
“En el fallo publicado hoy, hay mucho papel y mucha tinta para probar una sola cosa: que a Cristina Kirchner se la quiere proscribir de la política argentina”, describió el sindicalista Hugo Yasky. Mientras que la titular de la Cámara baja nacional, Cecilia Moreau eligió el escueto mensaje “Te abrazamos hoy y siempre querida Cristina Kirchner”, en una de las escasas referencias individuales por parte de dirigentes del Frente Renovador.
En tanto que el Partido Justicialista nacional publicó un comunicado adonde señaló que “el contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional””
Por el lado de la oposición, el diputado radical Mario Negro posteó: “84.835 millones de pesos. Justicia o corrupción”, en referencia al monto en que se habría estafado al Estado, aunque el mismo fallo no indica cómo se realizó ese cálculo. “Condenada por la Justicia argentina, no proscripta, añadió su colega Fernando Iglesias.
En tanto, José Luis Espert, de Avanza Libertad, expresó: “Cristina, Vicepresidenta de los argentinos y chorra. Una vergüenza que habla peor de nosotros como sociedad que de ella.”
Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, hasta al momento fueron pocos los dirigentes de la oposición que manifestaron su parecer en relación al devenir judicial de la vicepresidenta.
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