Mientras en el Congreso de la Nación el conflicto sigue inconcluso, asumieron sus cargos en el Consejo de la Magistratura los representantes de estamentos académicos, de la abogacía, de los jueces y del Poder Ejecutivo. El acto de jura se realizó en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales y fue presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Horacio Rosatti. ¿Qué pasará con las designaciones de Diputados y Senadores?
Por el momento no hay precisiones puesto que sigue su curso la disputa judicial sobre el representante de la segunda minoría. Para esa silla fue elegido Martín Doñate, del Frente de Todos, pero Luis Juez, de Juntos por el Cambio, la reclama como propia. El legislador oposito sostiene que el oficialismo desoyó un fallo de la Corte que le atribuyó la banca a él, pero esa decisión se vinculaba con el período que concluyó el 18 de noviembre. Las designaciones que se efectivizaron hoy estarán vigentes hasta noviembre de 2026.
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El Senado de la Nación aprobó en votación por mayoría y con la ausencia de la oposición las designaciones de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y de Doñate (este último por una escisión del bloque oficialista) y por la oposición, al radical Eduardo Vischi. Esas designaciones fueron enviadas, pero la presidencia de la Corte y del Consejo, ambas a cargo de Rosatti, no las puso en práctica aún. Tampoco juraron hoy los representantes de la Cámara de Diputados.
Acompañado por los otros tres jueces del máximo tribunal, Rosatti le tomó juramento a Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; a Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, por la abogacía; Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, por los jueces, y Gerónimo Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.
El Consejo de la Magistratura es el organismo creado incorporado a la Constitución Nacional en 1994 que tiene tres funciones fundamentales: el nombrar jueces federales y nacionales a través de concursos públicos, remover magistrados por mal desempeño y administrar los recursos del Poder Judicial de la Nación.
