Entre la Cámara de Senadores y Diputados duermen más de una docena de proyectos para atacar un flagelo que cada día atrae a más niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires: la ludopatía vinculada a las apuestas online.
Entre ambos cuerpos legislativos se acumulan diversas iniciativas orientadas a regular el juego por internet y prevenir la ciberludopatía, que aún esperan tratamiento. Entre las propuestas se destacan la implementación de validación biométrica para verificar la identidad de quienes acceden a plataformas de apuestas, la regulación de las licencias de los operadores virtuales y restricciones a la publicidad en medios y redes sociales, especialmente cuando pueda alcanzar a menores.
También se plantea impedir que billeteras virtuales habilitadas para adolescentes puedan utilizarse para financiar apuestas, junto con la creación de campañas de concientización, líneas de ayuda para familias y programas de prevención en escuelas y municipios. Ningún proyecto se llegó a discutir en el recinto.
Las iniciativas fueron presentadas entre 2024 y 2025 y algunas incluso ya perdieron estado parlamentario, mientras otras permanecen sin tratamiento en comisiones.
En una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, reclamó que el oficialismo acelere el análisis de los expedientes vinculados al control de las apuestas online y la prevención de la ludopatía infantil.
En particular, el llamado “megaproyecto” que unifica una docena de iniciativas legislativas ingresó a fines de 2024 a la comisión de Prevención de las Adicciones, pero todavía no fue girado a Legislación General ni a Presupuesto e Impuestos, pasos necesarios para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
¿LA COMISIÓN? BIEN, GRACIAS.
Hay una frase que algunos atribuyen a Juan Perón y otros a Napoleón Bonaparte. La misma asegura, con distintas variantes idiomáticas, que “Si quieres que algo no funcione, crea una comisión”.
El peronismo propuso una comisión para atacar la ludopatía y para eso cambió el reglamento de la Cámara baja. Ahora queda en sus ideólogos poder contradecir esa frase y darle real pelea a una enfermedad que no distingue a sus atacantes y nadie está exento. Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, es el nombre elegido.
Sin embargo, la nueva comisión aún no tiene integrantes designados, por lo que tampoco puede comenzar a funcionar. Esto sucede con todas las comisiones de la Legislatura, transitando mediados de marzo no hay nombres designados por disputas internas de todos los sectores.
Fuentes legislativas señalaron a INFOCIELO que la creación del espacio generó sorpresa dentro de la propia Legislatura. Según indicaron, La Cámpora defiende la comisión, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, no habría estado inicialmente de acuerdo con su creación, lo que explicaría la demora en su puesta en marcha.
Desde presidencia de Diputados se defienden asegurando que las disputas del bloque libertario están atrasando los nombres y esa es la razón por la cual no tienen designados a los titulares e integrantes de las comisiones.
PROYECTOS DE DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS
El debate legislativo sobre la ludopatía reúne propuestas impulsadas desde distintos espacios políticos.
En el Senado bonaerense, los ahora exlegisladores Agustín Maspoli (SOMOS) y Lorena Mandagarán (UCR + Cambio Federal) presentaron un proyecto que propone restringir el acceso de menores a plataformas de apuestas mediante validación biométrica y controles de identidad más estrictos.
Desde el oficialismo, el senador Pedro Borgini (Unión por la Patria) impulsó iniciativas para que la lucha contra la ludopatía sea considerada política de Estado, con foco en la prevención de consumos problemáticos y la instalación de filtros obligatorios en redes de escuelas y organismos públicos.
También la senadora Laura Clark (Unión por la Patria) avanzó con un proyecto específico enfocado en adolescentes y jóvenes.
En Diputados, la agenda también incluye propuestas de distintos bloques. La radical María Belén Malaisi presentó, antes de que se le termine su mandato en diciembre pasado, una iniciativa para bloquear el acceso a plataformas de apuestas online desde establecimientos educativos, mientras que el libertario Nahuel Sotelo propuso incorporar reconocimiento facial como mecanismo de validación en las plataformas.
A su vez, el diputado Carlos Puglelli (Unión por la Patria) impulsó limitar la publicidad de apuestas online dirigida a menores de 18 años, mientras que desde la izquierda Guillermo Kane (Partido Obrero – Frente de Izquierda) planteó directamente derogar el marco legal que habilita el juego online en la provincia.
El último fue de la Coalición Cívica, a través de Romina Braga, que impulsaba el cambio en varias leyes para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ludopatía.
VACÍOS REGULATORIOS Y FALTA DE CONTROLES
Más allá de la diversidad de propuestas, distintos sectores advierten que persisten vacíos regulatorios en la normativa vigente.
Entre los principales problemas señalan la falta de modificaciones concretas en la Ley de Juego actual, lo que genera zonas grises donde operan plataformas online sin supervisión suficiente.
A esto se suma la ausencia de un marco específico para proteger a menores y la falta de controles efectivos sobre la publicidad de apuestas en redes sociales y medios tradicionales.
Si bien el Ejecutivo provincial creó en 2024 una mesa interministerial para prevenir el juego problemático, su alcance depende de recursos, coordinación y herramientas legales que aún no están plenamente desarrolladas.
ESCUELAS EN ALERTA POR EL AVANCE DE LAS APUESTAS
La preocupación también se extiende al ámbito educativo. Escuelas de la provincia advierten un crecimiento del juego entre adolescentes impulsado por el fácil acceso a aplicaciones y portales de apuestas.
Aunque se registraron algunos avances legislativos —como la media sanción para instaurar la Semana Provincial de Concientización y Prevención de la Ciberludopatía Infantil— especialistas y actores del sector sostienen que los proyectos que podrían establecer un marco regulatorio integral todavía no han tenido un tratamiento decisivo en la Legislatura.
