La resolución mediante la cual el secretario de Energía, Javier Iguacel, habilitó un pago “extra” en 24 cuotas para compensar el efecto de la devaluación sobre las distribuidoras de gas, encontró al funcionario, y al Gobierno nacional en general, sin respaldo, incluso dentro de Cambiemos.
Ni los intendentes, ni legisladores reaccionaron, como sí lo hicieron en varias otras ocasiones, para respaldar la polémica medida, que casi seguramente será debatida en estrados judiciales. El diputado oficialista Daniel Lipovetzky dio indicios de por qué, al admitir esta mañana que la resolución es “opinable” desde lo jurídico.
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“Va a ser discutido en la justicia, va a haber que analizar cuál es la vía para resolverlo. Desde el punto de vista jurídico es bastante opinable”, declaró el legislador platense entrevistado al aire de Todo no se puede, por FM CIELO 103.5.
“Es opinable –insistió-, más allá de que desde el punto de vista legal, la regulación está vigente y es antigua, también está confrontar esa regulación con el efecto cancelatorio de los pagos”, analizó, y agregó: “En ese punto hay un tema que seguramente va a ser objeto de un análisis jurídico más profundo, en consonancia con los derechos de los consumidores, que están contemplados en la Constitución nacional”.
Hasta ahora, ONG y partidos de la oposición vienen inundando los tribunales federales de todo el país para que la Justicia frene, mediante el amparo, la aplicación de la resolución, que puede encarecer, en promedio, un 10 por ciento la factura de los consumidores, con el objetivo de financiar una compensación para las distribuidoras que rondaría entre los 10 y los 19 mil millones de pesos.
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