Por estas semanas el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Santiago López Medrano atraviesa un grave conflicto que comenzó en el área de Niñez y que ahora se extiende a otras dependencias. Es que la decisión que adoptó la máxima autoridad de la cartera de comenzar a instalar el Sistema de Acceso Biométrico (SAB) junto con molinetes generó la indignación de las y los trabajadores. El estado calamitoso en que se encuentran los edificios, las malas condiciones laborales y salarios magros en el marco del ajuste presupuestario, son algunos de los señalamientos que realizan los estatales a la hora pensar en el mejoramiento de la situación.
Mientras algunas versiones indican la posibilidad de que López Medrano sea candidato en la localidad de San Martín, la cartera provincial de la que está a cargo padece de serios problemas en los cuales tanto empleados como los sectores más vulnerados que dependen de dicha estructura son los más perjudicados. Como respuesta, el descontento en los trabajadores comienza a expandirse por las diferentes dependencias y además apuntan contra Pilar Molina del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, lugar en el cual comenzó el reclamo.
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Días atrás, las autoridades del Ministerio comenzaron con la instalación del SAB en la sede del organismo de niñez en La Plata y los empleados advirtieron que “se avanza en la obra de manera muy precaria”. Entonces detallaron que colocaron “luces de emergencia atadas con precintos del machimbrado metálico del hall y sensores de humo a batería cuando ni siquiera reemplazan los tubos de luz quemados que fueran retirados hace meses”.
El ministro Lópéz Medrano y la funcionaria Molina
“A medida que pasan los días la situación se torna preocupante, ya que la embestida por parte de Molina, López Medrano y Vidal, magnifica el riesgo y peligro en nuestros lugares de trabajo”, y denunciaron que ser “presionados y amenazados” para que registren sus huellas digitales. “Solo eso importa, cumplir con los plazos y garantizar el pago del pliego de la licitación en tiempo y forma, a costa de poner en riesgo la vida de los y las trabajadoras y no dar prioridad a políticas para la niñez”.
En ese marco, la junta interna y delegadas de ATE recordaron que todavía no tienen una fecha de la convocatoria a la Comisión Jurisdiccional del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) para “avanzar con las mejoras edilicias estructurales, plan de evacuación certificado por organismos competentes en la materia”, entra otras cuestiones sensibles.
A su vez, los estatales permanecen en estado de alerta y no descartan la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas favorables. “Mientras sostenemos la negativa a la instalación de los molinetes en sede del OPNyA hasta tanto no se resuelvan los problemas estructurales edilicios que garanticen nuestra integridad física”, agregaron.
Paralelamente, el lunes de la semana pasada dieron a conocer que los y las trabajadoras del Programa Autonomía Joven, que desarrollan su tarea en un edificio ubicado en calle 66 y 9 de La Plata, se encontraron “con una escena desoladora: oficinas totalmente destrozadas y sin las computadoras e instrumentos de trabajo cotidianos”. Asimismo, manifestaron que dicha proyecto “suele ser utilizado para la campaña política”, pero que lo “llevan adelante trabajadores precarizados con contratos temporarios, sin derechos laborales, con una inestabilidad laboral como moneda corriente y por un salario menor al que perciben los de planta que realizan mismas tareas”, entre otros problemas.
Lugar de trabajo del Programa Autonomía Jóven
A esto se le agregan situaciones acontecidas en el predio Nueva Esperanza de Abasto: una en Centro Cerrado COPA donde se produjo un motín, la otra en el Centro Cerrado Ibarra donde se denunció un hecho de violencia y agresión entre y hacia un joven, y este fin de semana se puso en riesgo la vida de un trabajador y delegado del sector en el Gambier.
Además, desde ATE denunciaron que “hace más de un año, ninguna de las instituciones del mencionado predio tiene gas natural”, que padecen “constantes cortes de luz, con una situación edilicia precaria y cajas chicas deficientes para afrontar los gastos corrientes”. Al mismo tiempo, relataron que existe un “sobrecupo de jóvenes en la mayoría de las instituciones y la falta de designación de personal para la contención de los mismos”. “Esta situación se evidencia no sólo en el sistema penal juvenil, sino también en otros hogares y programas provinciales”, afirmaron.
En este contexto, apuntaron contra el gobierno bonaerense y las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social que “vienen realizando y licitando obras en el sector para la instalación de cámaras de seguridad, molinetes y controles biométricos, como pretexto de una mayor seguridad laboral. Lo repudiamos y discrepamos con la actual gestión cuando cree que es posible aumentar la seguridad laboral avasallando los derechos tanto de los trabajadores, como de los jóvenes”.
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