La decisión de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, de suspender por 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en toda la provincia de Buenos Aires, abrió un frente judicial que ya acumula tres presentaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.
Las dos denuncias que tomaron mayor peso político fueron impulsadas por legisladores: Manuel Passaglia (HECHOS) y Guillermo Montenegro (PRO), quienes cuestionaron el alcance de la resolución dictada el 7 de septiembre en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo.
Desde La Libertad Avanza avisaron que todavía no se presentó la denuncia porque “la está trabajando los equipos técnicos y jurídicos del partido para presentarla de manera sólida”, afirmaron.
A esas presentaciones se sumó la de Alfredo P. Drocchi, un abogado que pidió el jury y la destitución de Pascual, al considerar que la magistrada habría incurrido en abuso de autoridad al suspender la aplicación de una ley nacional.
PASSAGLIA APUNTÓ A LA EXTRALIMITACIÓN DE LA JUEZA
El diputado Manuel Passaglia presentó su denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento y pidió que se investigue si la magistrada incurrió en mal desempeño y/o extralimitación en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Pascual resolvió suspender la aplicación de la ley en todo el territorio provincial mientras todavía se encontraba pendiente la definición sobre la competencia del juzgado.
Passaglia también marcó una presunta contradicción dentro de la propia resolución. Según planteó, la jueza sostuvo que las eventuales incompatibilidades constitucionales y convencionales de la norma debían ser analizadas posteriormente y que buena parte de las objeciones debían resolverse caso por caso. Sin embargo, terminó disponiendo una suspensión de alcance general.
Otro de los puntos señalados fue que la resolución se apoyó especialmente en las condiciones de un establecimiento de Lomas de Zamora y en referencias generales a la situación de otros centros de la Provincia para extender la medida a todo el territorio.
El legislador pidió investigar, además, si existían alternativas menos restrictivas antes de llegar a una medida que dejó temporalmente sin aplicación una ley sancionada por el Congreso.
MONTENEGRO PIDIÓ INCLUSO EL APARTAMIENTO PREVENTIVO
Por su parte, el senador Guillermo Tristán Montenegro presentó otra denuncia contra Pascual y solicitó la formación del proceso de enjuiciamiento, su remoción e inhabilitación.
El planteo comparte algunos de los cuestionamientos de Passaglia, pero incorpora como elemento central las manifestaciones públicas realizadas por la jueza después de dictar la cautelar.
Montenegro citó declaraciones en las que Pascual cuestionó el encierro como respuesta frente al delito juvenil y sostuvo que “con esta ley no vamos a crear más seguridad”.
Para el senador, esas expresiones deben ser analizadas junto con la resolución judicial para determinar si la medida cautelar estuvo fundada exclusivamente en las condiciones materiales del sistema o si también pudo estar atravesada por las diferencias de la magistrada con la política criminal definida por el Congreso.
Además, Montenegro pidió el apartamiento preventivo de Pascual mientras se sustancia el procedimiento.
UNA TERCERA DENUNCIA Y LLA, TODAVÍA EN PREPARACIÓN
El abogado Alfredo Drocchi presentó por separado un pedido de jury en el que acusó a la jueza de haber incurrido en abuso de autoridad, al considerar que una magistrada provincial no podía suspender mediante una cautelar la aplicación de una ley nacional modificatoria del Código Penal.
Así, ya son tres las presentaciones formalizadas contra Pascual a partir de la resolución que frenó el nuevo Régimen Penal Juvenil.
En paralelo, La Libertad Avanza anunció que también presentaría una denuncia contra la magistrada, aunque esa presentación todavía no fue formalizada ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Desde el espacio libertario señalaron que los equipos técnicos de LLA se encuentran trabajando en la denuncia, por lo que, hasta el momento, la ofensiva anunciada por el bloque todavía no se tradujo en una presentación concreta ante el organismo encargado de analizar la conducta de los magistrados.
