En medio de un escenario económico cada vez más complejo en los municipios, intendentes de distintos espacios políticos avanzaron con un pedido conjunto a la Legislatura para liberar el uso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La iniciativa busca habilitar que esos recursos, hoy en parte destinados a obra pública, puedan utilizarse para pagar sueldos y sostener servicios esenciales. Vale recordar que, por Ley, votada en diciembre de 2025, el 70% d ellos recursos coparticipados son de libre disponibilidad y el 30% restante afectados a programas puntuales.
El planteo fue formalizado a través de una nota enviada a la vicegobernadora Verónica Magario, titular del Senado, y al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. Detrás del reclamo está el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), un espacio que nuclea a cerca de 60 jefes comunales del peronismo, la UCR y el PRO.
La movida política expone que la crisis ya no distingue signos partidarios y obliga a construir posiciones comunes entre dirigentes que, en otros contextos, compiten electoralmente.
UN PEDIDO EXCEPCIONAL ANTE UNA CRISIS EXTENDIDA
En la nota, los intendentes advierten sobre la gravedad del escenario fiscal, marcado por la caída de ingresos y el aumento sostenido de los costos operativos. Según plantearon, esta combinación generó un desajuste entre recaudación y gastos corrientes, que impacta directamente en la capacidad de los municipios para sostener su funcionamiento básico.
“El deterioro de la actividad económica lleva meses consecutivos y afecta directamente la recaudación propia y los recursos coparticipables”, señalaron. En ese contexto, varios distritos ya comenzaron a recurrir a financiamiento para poder cumplir con sus obligaciones.
El pedido central apunta a que se modifique el esquema vigente del fondo —creado por la Ley 15.564— para permitir su utilización sin restricciones. Actualmente, una parte significativa de esos recursos está afectada a inversión pública, lo que limita su uso para gastos urgentes.
MUNICIPIOS AL LÍMITE: SUELDOS Y SERVICIOS EN RIESGO
Los jefes comunales advirtieron que la situación ya genera tensiones concretas en la gestión cotidiana. El pago de salarios, la recolección de residuos, el mantenimiento urbano y otros servicios esenciales comienzan a depender de la disponibilidad inmediata de fondos.
En ese marco, la posibilidad de disponer libremente del fondo aparece como una herramienta clave para evitar un deterioro mayor. “Se trata de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el cumplimiento de las obligaciones salariales y la estabilidad institucional de los municipios”, remarcaron en el documento.
Además, subrayaron que el diagnóstico es transversal: no distingue realidades políticas ni territoriales, lo que evidencia el carácter estructural de la problemática.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO: RESPALDO AL RECLAMO, PERO SIN MARGEN PARA CAMBIAR LA LEY
El planteo de los intendentes encontró eco en el Ejecutivo, aunque con matices. Esta mañana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reconoció la complejidad del escenario que atraviesan los municipios, pero dejó en claro que cualquier modificación depende de la Legislatura.
“Intendentes de distintos partidos y municipios pequeños nos pidieron modificar la distribución de fondos, pero les aclaré que como Ejecutivo no podemos cambiar una ley votada por la Legislatura. Coincido en que el reclamo es justo por la situación de los municipios, pero cualquier cambio debe tratarse allí”, sostuvo en conferencia de prensa.
En ese sentido, explicó que el esquema vigente ya contempla cierto margen de flexibilidad: el 70% de los recursos del fondo es de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante está atado a proyectos específicos.
Desde el oficialismo en la Legislatura, en tanto, marcaron una postura más dura y deslizaron que “la ley es clara” y que no se entiende del todo el reclamo de los intendentes. Según argumentaron, esa proporción de fondos sin afectación fue incorporada justamente para dar respuesta a las necesidades financieras de los municipios.
EL ROL DEL FRICDE Y UN RECLAMO QUE ESCALA
El pedido lleva la firma del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), un espacio conformado en 2026 que viene ganando peso en la agenda bonaerense. Integrado mayoritariamente por intendentes de ciudades intermedias del interior, el foro se consolidó como un ámbito de articulación frente a problemáticas comunes.
En este caso, el reclamo busca no solo una respuesta inmediata, sino también abrir una instancia de diálogo con la Legislatura para evaluar herramientas complementarias de asistencia financiera.
Por eso, en la nota enviada a Magario y Dichiara, los intendentes solicitaron que el tema sea tratado con la mayor celeridad posible, ante el riesgo de que la crisis fiscal se profundice en los próximos meses.
La tensión ya está planteada: mientras los municipios advierten que los recursos no alcanzan para sostener el día a día, desde la Provincia remarcan que el margen de acción está definido por ley y que cualquier cambio dependerá del debate legislativo.
