En los pasillos de la Legislatura sorprendió un expediente clave para el ordenamiento administrativo y tributario de la Provincia, no solo por la iniciativa, sino por la variedad de bloques que lo firmaron. Se trata del proyecto de ley (Expte. D-3107) que busca modificar de lleno la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación (Decreto Ley 7603/70). Detrás de la letra chica de la normativa, hubo un intenso trabajo de relojería política para garantizar su desembarco sin sobresaltos en la Cámara de Diputados.
En términos técnicos, el proyecto introduce una novedad sustancial: la creación de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires (TATFABA). Esta tasa representará un 0,60% del importe de los saldos de impuestos determinados en las apelaciones o de las multas aplicadas. Según se desprende del texto parlamentario, la totalidad de lo recaudado por esta vía será destinado a un nuevo “Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET)”. A su vez, la iniciativa establece que los vocales del organismo tendrán una equiparación salarial, gozando de un tratamiento remunerativo idéntico al de los integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Para pasarlo en limpio, el Tribunal Fiscal de Apelación, organismo autárquico de la Provincia, funciona como una suerte de “árbitro” especializado entre el Estado y los contribuyentes. Cuando la agencia de recaudación provincial (ARBA) le reclama una deuda por impuestos o le aplica una multa a una empresa o a un particular y estos no están de acuerdo, pueden recurrir a este organismo. Su función es revisar el caso y tener la última palabra dentro del ámbito del Gobierno, actuando como un filtro antes de que la pelea termine en un juicio largo y costoso en los tribunales ordinarios.
La importancia de este espacio es que actúa de manera independiente para evitar posibles abusos y garantizar que los cobros se hagan por derecha. Para asegurar una mirada técnica y equilibrada, el Tribunal está compuesto por nueve vocales que se dividen en tres salas, las cuales siempre deben estar integradas por una combinación de abogados y contadores públicos. Ellos son los encargados de desmenuzar los números y las leyes para definir quién tiene la razón.
CONSENSO TRANSVERSAL Y FIRMAS DE PESO
Un detalle que no pasa desapercibido y que augura un tratamiento allanado en las comisiones es el fuerte respaldo político con el que ingresó el expediente. Lejos de ser un proyecto empujado en soledad por el oficialismo, el documento logró aglutinar a los principales popes de la Cámara Baja.
El texto lleva la rúbrica del presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, junto a la del diputado oficialista Rubén Eslaiman. Sin embargo, la mayor sorpresa política es el acompañamiento directo de la oposición: el proyecto también fue firmado por Alejandro Rabinovich, presidente del bloque PRO; Diego Garciarena, titular de la bancada UCR-Cambio Federal; y Martín Rozas, presidente del bloque Unión y Libertad. A estas firmas de peso se suma también el acompañamiento del diputado amarillo Fernando Rovello. Esta multiplicidad de sellos refleja un acuerdo transversal poco habitual que cruza de lado a lado el recinto.
LA ROSCA DETRÁS DEL EXPEDIENTE
El diseño y avance de la iniciativa refleja un aceitado mecanismo para blindar este nivel de adhesión. Según pudo reconstruir INFOCIELO, las gestiones de fondo fueron encabezadas por el propio presidente del Tribunal Fiscal Marcelo Darío Giampaoli, un dirigente del riñón político del intendente platense, Julio Alak. Para alinear posiciones, se concretó un encuentro clave donde el titular del organismo recibió a todos sus integrantes bajo la atenta mirada de la diputada provincial Lucía Iañez, principal espada legislativa del alakismo en la Cámara Baja.
El trazado de la estrategia no quedó circunscrito a la capital provincial. La coordinación para el ingreso formal del proyecto y los consensos legislativos se acordaron al milímetro con Mariano Cascallares, hombre de confianza del gobernador Axel Kicillof en Diputados. Fue el propio diputado y hombre fuerte de la Tercera Sección quien se encargó de levantar el teléfono para notificar de los movimientos a la Secretaria General de la Gobierno Agustina Vila, asegurando el puente directo con la mesa chica del Ejecutivo.
Todo este andamiaje, señalan fuentes legislativas, fue trabajado en tándem y bajo la coordinación del Ministerio de Economía. El resultado está a la vista: una reforma institucional del Tribunal y la creación de una nueva tasa que, gracias a la muñeca política en la previa, ya cuenta con el aval de las principales fuerzas para avanzar en la Legislatura.
