El conflicto político que estalló en la última sesión de la Cámara de Diputados sumó este domingo un nuevo capítulo. El PRO presentó un amparo judicial para frenar la designación de las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), una decisión que fue impulsada por Cristian Ritondo, jefe del bloque del partido fundado por Mauricio Macri, y que apunta directamente contra la maniobra parlamentaria que sellaron La Libertad Avanza y el kirchnerismo en plena madrugada.
La presentación judicial profundiza el quiebre que quedó expuesto días atrás en el Congreso, cuando el oficialismo avanzó con la designación de los auditores tras un acuerdo con el peronismo, una jugada que detonó la relación con el PRO y derivó en el abandono del recinto por parte de varios bloques opositores. Ese episodio ya había marcado un punto de no retorno en la relación entre el macrismo y el Gobierno nacional.
El pedido de Ritondo y la ofensiva judicial
En el escrito, Ritondo solicitó que se declare “la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución” que designó como auditores a Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón, cercano a Máximo Kirchner, por el peronismo, y a la exdiputada salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal. Además, pidió que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los designados asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva.
“El objetivo es defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, remarcó el diputado del PRO, quien insistió en que no se trata de una disputa política ni de nombres propios, sino de una violación directa al orden constitucional.
Según el planteo judicial, la votación se realizó a las 2:55 de la madrugada del 18 de diciembre, cuando todavía no se había terminado de tratar el proyecto de Presupuesto y fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en abierta contradicción con el artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, subrayó Ritondo.
“Un acto nulo de nulidad absoluta”
El jefe del bloque PRO fue especialmente duro con la forma en que se llevó adelante la designación. En el escrito, cuestionó que la moción haya sido presentada de manera sorpresiva por el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, sin especificar su contenido, sin pedir apartamiento del reglamento y sin debate previo.
“La votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”, sostuvo Ritondo, y advirtió que esa acumulación de irregularidades “convierte al acto en nulo de nulidad absoluta”.
Además, señaló que lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado, al recordar que la AGN “no es un órgano administrativo interno, sino un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos”.
El acuerdo con el kirchnerismo y la ruptura política
La presentación judicial llega luego de que se conociera que la designación de los auditores fue producto de un acuerdo parlamentario entre Martín Menem, Máximo Kirchner y gobernadores del norte, que dejó afuera al PRO y frustró la intención del macrismo de ubicar al exministro de Trabajo Jorge Triaca en el organismo de control.
La votación, avalada por 186 votos a favor y dos abstenciones, se realizó con un recinto semivacío, luego de que el PRO, la UCR, Provincias Unidas, la izquierda y otros bloques se retiraran en señal de protesta. Incluso, los auditores designados aguardaban fuera del recinto y juraron de manera inmediata en plena madrugada, una escena que terminó de sellar el escándalo político.
Para Ritondo, avanzar con la integración de la AGN en ese contexto no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan. En el PRO consideran que la gravedad institucional del hecho se profundizó al intentar “completar de facto” un procedimiento cuya irregularidad ya había sido objetada por legisladores y especialistas en control institucional.
Con el amparo presentado, el conflicto por la AGN dejó de ser solo una disputa política en el Congreso y pasó al terreno judicial, con impacto directo en la ya deteriorada relación entre el PRO y La Libertad Avanza, y con un nuevo foco de tensión para el Gobierno en plena discusión del Presupuesto.
