La Argentina apelará “inmediatamente” el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska en favor de Burford Capital, uno de los fondos buitre que inicio un litigio contra la expropiación de la petrolera YPF a Repsol en el año 2012, realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La confirmación llegó por parte de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, luego de conocerse el pronunciamiento judicial en favor de los fondos buitres Burford y Eton Park.
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Preska avaló tres planteos de los buitres. Consideró que “la República Argentina ejerció control indirecto sobre un número de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, activando así su obligación de oferta pública de adquisición”, avaló que la tasa de interés (8%) el interés anticipado del 8% empiece a regir partir del 3 de mayo de 2023 y la fórmula de cálculo de los intereses resarcitorios.
“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres” afirmó Cerruti.
La estatización de YPF y el reclamo de los fondos buitres
Burford Capital y Eton Park son dos fondos de inversión, conocidos como “buitres”, debido a que adquirieron el derecho a litigar a empresas que eran accionistas de YPF al momento de la expropiación encabezada por la entonces presidenta Cristina Kirchner: las sociedades Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (Peisa) de la familia Eskenazi.
Los Eskenazi habían adquirido el 25% de las acciones de la petrolera argentina, controlada en su momento por Repsol, con créditos internacionales que se comprometían a pagar con los dividendos de la compañía. Por lo que el Gobierno argentino consideró fraudulenta esa operación ante el tribunal de la reemplazante del fallecido Thomas Griesa.
Sin embargo, los fondos reclamaron en la Justicia norteamericana que cuando la estatización del 51% de las acciones de la empresa, el Gobierno argentino debía haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa, según fijaba su estatuto.
En marzo de 2023, la jueza Loretta Preska resolvió condenar al Estado argentino pero absolver de responsabilidades a la petrolera; esto se reflejó en el alza de las cotizaciones de las acciones de YPF, como en la crítica hacia el gobierno de Cristina Kirchner y su entonces vice ministro de Economía, Axel Kicillof por lo que podría significarle al país.
“El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo”, afirmaba aquel primer fallo.
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