Lento, pero sin pausa, avanza en la Justicia una causa que investiga una supuesta red de espionaje que operaba desde Asuntos Internos, durante la gestión de Vidal. La demora responde a una estrategia de la defensa de los dos imputados sobre los que posó la mirada la Justicia, el ex titular del organismo que investiga el accionar de los uniformados, Guillermo Berra, y su esposa y pieza clave durante su gestión, la ex titular de la dirección de Asuntos Patrimoniales, María Eugenia Sardiña.
El viernes último, ambos debían prestar declaración indagatoria. La solicitó la fiscal de la causa, Cecilia Corfield. Pero una serie de nulidades que presentó la defensa de Berra a cargo de Marcelo Peña –ex denunciante de Daniel Scioli- postergó el trámite “sin fecha”.
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La fiscal prefiere esperar a que el Juez de la causa, Federico Atencio, resuelva el recurso. Un trámite que se podría extender si finalmente lo rechaza y la defensa, como se especula, recurre al tribunal de alzada con una apelación. Si eso ocurre, ¿esperará la fiscal la resolución de la Cámara para reflotar la indagatoria? No hay certezas, pero tampoco muchas dudas: si aplazó el trámite previsto para el viernes último hasta que el Juez resuelva las nulidades aun cuando podría haber indagado, ¿por qué lo haría con la discusión abierta discutiéndose en una apelación ante Cámara?
Entre las pruebas contra Berra y Sardiña figuran una serie de elementos que la Justicia considera sólidos para fundar la acusación. Entre otros, la declaración del denunciante original, el ex comisario Martín, que asegura haber sido víctima de “sigilosos seguimientos”, él y su entorno familiar, sin orden judicial que lo avale.
Un allanamiento en la sede de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, en octubre pasado, detectó “órdenes de servicio” emanadas de Asuntos Internos, ordenando “tareas encubiertas, y averiguaciones discretas, en horarios discontinuos”. Vigilancia personal. Un seguimiento sobre los que, al menos en la causa, hasta ahora, no figura ningún mandato judicial que los ordene.
La causa puede complicar a María Eugenia Vidal y a la ex diputada y socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió. La Gobernadora tenía relación directa con Berra y su esposa. Vínculos personales sellados mucho tiempo antes de su paso por la Gobernación provincial.
En el allanamiento se hicieron copias espejo de las computadoras de Berra y de Sardiña. Lo que apareció después se parece mucho a una caja de pandora, con derivaciones impredecibles. Sobre todo, porque la Justicia comprobó que por orden de la Dirección de Asuntos Internos se solicitaron informes de situación financiera y patrimonial de decenas de objetivos y de importantes organismos públicos, como las cabezas del Poder Judicial y del Legislativo bonaerense.
En la causa existían más de 1.400 consultas al sistema Nosis, una empresa dedicada a reunir información pública, de temas sensibles. Es un rastreo habitual de parte de diferentes direcciones que dependen de la fuerza. De hecho, el servicio es contratado de manera oficial por el Ministerio de Seguridad y, desde siempre, lleva la firma del ministro de turno.
Lo que provoca espanto no es la utilización de ese servicio, un procedimiento habitual en cualquier investigación –incluso extrajudicial-, sino los objetivos a los que apuntó Asuntos Internos durante la conducción de Guillermo Berra. Entre otros, aparecen la Suprema Corte de Justicia de la Provincia; la Presidencia de la Cámara de Diputados y su par del Senado bonaerense. Pero también dirigentes políticos, vinculados a la oposición de entonces: los intendentes Fernando Espinosa, Patricio Mussi y Mario Ishii entre otros.
La Dirección de Asuntos Internos no tiene facultad para investigar civiles, mucho menos puede hacerlo con semejantes organismos públicos. De hecho, el denunciante Martín se presentó ante la justicia justamente porque como había solicitado su ‘baja’ un tiempo antes, ya no revestía estado policial. El considera, y la Justicia le dio la razón abriendo la investigación, que la DGAI excedió sus facultades investigándolo. Si no podía hacerlo con un ex alto uniformado por la fórmula de su desvinculación (la “Baja solicitada le quita estado policial), mucho menos con la mismísima Suprema Corte.
La semana pasada Nosis respondió un oficio que remitió la Justicia para determinar la vigencia del contrato con el Ministerio de Seguridad, y el tenor de la información intercambiada. La lista que remitió la empresa de los informes presentados -que anticipó INFOCIELO- es impactante. En tres años, durante la gestión de María Eugenia Vidal, el Ministerio de Seguridad pidió información de más de 46 mil objetivos.
La síntesis de los informes solicitados por Asuntos Internos.
Informes Nosis, la herramienta y su uso
¿Quién contrata esos informes, y quien debería dar cuenta de la utilización del servicio? INFOCIELO reconstruyó el sistema de contratación y la fórmula de uso con dos fuentes calificadas, una vinculada a la conducción de la gestión anterior, y otra con varios años de servicio en el andamiaje administrativo del Ministerio.
El Servicio Nosis se contrata desde el Ministerio de Seguridad. Es una herramienta que diferentes áreas utilizan para la realización de investigaciones ordenadas en el marco de causas judiciales en curso, y en la mayoría de los casos con orden judicial de por medio. La contratación lleva la firma del Ministro de turno, a solicitud de las áreas que, luego, son usuarios directos y quienes ejecutan el convenio. Así se contrató el servicio en la Provincia desde siempre. Incluso es el formato de contratación actualmente vigente.
Los destinatarios finales del servicio, y quienes los explotan en investigaciones son 4 áreas: Investigaciones, Inteligencia Criminal; Lavado de Activos y la Dirección de Asuntos Internos.
“El responsable de la utilización de la herramienta, es el área para la que se contrata”, explican. Es como cualquier compra que realice el ministerio.
El Nosis, una herramienta para llevar adelante investigaciones en curso, se asemeja a cualquier otro trámite administrativo que requiera de la erogación de fondos públicos: la firma el ministro de turno después de solicitar presupuestos si el costo de contratación no excede el límite dentro de sus facultades –las erogaciones mayores requieren de un decreto del Gobernador-, y se pone a disposición de diferentes áreas.
Salvando las distancias, es como comprar armas: lleva la firma del Ministro de turno, pero la responsabilidad por su uso le cabe, en términos penales, al uniformado que la porta. Un “gatillo fácil” condena al uniformado que cometió une exceso criminal en la utilización de una herramienta necesaria para cualquier efectivo, que naturalmente provee el Ministerio.
La responsabilidad del manejo del Nosis queda registrada incluso en la fórmula en que se ejecuta la contratación. La facturación y el pago del servicio es “contra remito”. Es el documento administrativo que se utiliza para certificar la prestación del servicio que se debe abonar, y lleva la firma del titular del área que lo solicitó o de la persona responsable que éste asigne.
Ese dato es clave en la causa que investiga el supuesto espionaje durante la gestión de Vidal. La Justicia solicitó informes a Nosis sobre la contratación del servicio y sobre los objetivos informados, a partir de un ‘remito’ firmado por la Dirección General de Asuntos Internos, y no por el ministro de Seguridad de entonces.
La defensa de Berra alega que los informes solicitados contaban con el aval del Ministerio, a cargo de Cristian Ritondo, porque fue el ministro y no la DGAI la que firmó la contratación del servicio. Pero de comprobarse que la contraparte en representación del Ministerio, quien ejecuta el convenio y pide los informes, es la dirección a la que se le asignó esa herramienta, deberán Berra y Sardiñas explicar ante la fiscal por qué ‘espiaron’ las cuentas de la Suprema Corte, de la Legislatura bonaerense, y de un puñado de dirigentes políticos de la oposición de entonces.
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