El gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) para sumarlo al Observatorio de Obras y Servicios Públicos. El acuerdo se firmó un día antes de que la Legislatura Bonaerense aprobara la ley que le permite a los intendentes desviar fondos de caminos rurales para otras obras. Se oficializó hoy.
La iniciativa quedó formalizada en la Resolución 797/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia. Según la norma, CARBAP, entidad que nuclea a productores agropecuarios bonaerenses y pampeanos, firmó un convenio con la cartera de Gabriel Katopodis para colaborar con el gobierno en el marco del observatorio.
En el acuerdo se explica que la intención es “promover la eficacia, la eficiencia, la integridad, la transparencia y la participación ciudadana a lo largo de todo el proceso de contratación y ejecución de la obra pública”. Las actividades a desarrollarse se van a ir formalizando a través de convenios específicos, pero se espera que las partes hagan jornadas técnicas, capacitaciones, diagnósticos y análisis de proyectos.
De esta manera, la entidad presidida por Pablo Ginestet intentará tener injerencia en la obra pública provincial que afecta al campo. Por lo que vienen manifestando públicamente una de sus prioridades son los caminos rurales, pero los municipios, y la Legislatura, parecen más enfocados en los proyectos hídricos.
De hecho, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas (sin analizarlo en comisiones) el proyecto para reasignar fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural hacia obras de infraestructura hidráulica. Originalmente, esos recursos debían destinarse a vialidad rural y de ahí el enojo de la dirigencia de CARBAP. “Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos”, indicaron.
