La cuarentena impuesta para impedir la propagación del coronavirus y la delicadísima situación de las cuentas públicas de la Provincia tienen un impacto frontal contra el servicio de transporte de pasajeros, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El presidente de una de las cámaras empresarias del sector, José Troilo, lanzó un alerta por la situación de las empresas, y dijo que “la gran mayoría de las líneas no pudieron completar el pago de salarios ni comprar combustibles”. La advertencia no tiene rodeos: anticipa la suspensión en forma “inmediata” del servicio de colectivos en el área metropolitana (AMBA), “ante las graves dificultades económicas”.
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Las empresas de colectivos provinciales y comunales aseguran que tuvieron una “brusca disminución de la recaudación por venta de pasajes”, que significa el 30 por ciento de los ingresos de las líneas, y que registra una caída superior al 92 % en promedio a partir del comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio; a lo que hay que sumar los atrasos en el pago de “compensaciones”.
En la Provincia admiten la existencia de la deuda y esperan poder afrontar los pagos esta semana, con fondos de Nación. Fuentes del Gobierno consultadas por INFOCIELO especificaron que son unos 2 mil millones de pesos que el Estado, más “arrasado” que nunca, no puede afrontar de ninguna manera.
Lo que hay de fondo es una situación insostenible que generó el traspaso de los subsidios que pagaba la Nación a la Provincia, durante el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, a pedido del Fondo Monetario Internacional. Fueron, en principio, unos 27 mil millones de pesos que hoy equivalen a cerca de 60 mil.
Después de las elecciones, el propio presidente, Alberto Fernández, y el gobernador Axel Kicillof, intentaron abordar el problema de la sostenibilidad de la Provincia. El tema del transporte era uno de los puntos de la agenda: en Buenos Aires consideran que la Nación tiene que hacerse cargo de los subsidios del Área Metropolitana y que debe darle preferencia a los ciudadanos bonaerenses, que son los trabajadores que entran y salen a diario de la Ciudad.
Todo ese debate quedó trunco ante la explosión de la pandemia, que hoy se lleva todos los esfuerzos -económicos y humanos- de ambas administraciones. El problema es que los empresarios necesitan con urgencia los ingresos para poder seguir prestando el servicio y pagar salarios en un contexto igualmente adverso.
Es precisamente esta cámara empresaria (ACTA) una de las firmantes de un duro comunicado a través del cual le reclaman al gobierno provincial soluciones “urgentes”. Empero, el reclamo al gobierno provincial es parte de un entendimiento con otras organizaciones pues también lo rubricaron la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA); la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP); y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).
“El sector se encuentra en la actualidad con un déficit de ingresos frente a los valores presupuestados de más de 5.720 millones de pesos”, aseguran los empresarios. “Se está haciendo el máximo esfuerzo para brindar los servicios, pero la gran mayoría de las líneas no pudieron completar el pago de salarios ni comprar combustibles”, agregó Troilo.
La situación impacta sobre más de 250 empresas, “en su mayoría Pymes que atienden aproximadamente el 80 por ciento de los servicios de transporte público y emplean a más 50.000 personas en forma directa”. Según los empresarios de Transporte el aislamiento social obligatorio les está ocasionando, por baja de la recaudación, una pérdida neta 830 millones de pesos, “proyectándose para abril un resultado aún peor”.
La advertencia empresaria es directa: aseguran que las líneas provinciales, del 200 al 499, y comunales, del 500 para arriba, “no tienen más posibilidades de continuar prestando servicios por falta de fondos para afrontar sus gastos y se paralizarán en forma virtualmente inmediata”. “De mantenerse la actual situación, deberán también ir reduciendo progresivamente los servicios hasta paralizarlos totalmente a corto plazo”, concluyeron.
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