La Legislatura bonaerense debatió este jueves, en una doble sesión de Senado y Diputados, tres leyes claves que el Gobierno de Axel Kicillof pretendía para afrontar la gestión asumida tras la reelección de octubre: la ley impositiva, las leyes de emergencia y la autorización para conseguir endeudamiento por 1.800 millones de dólares para poder afrontar los diferentes gastos que tiene la Provincia de cara a los próximos meses.
Tras varias horas de intensas gestiones, discusiones y negociaciones, el gobernador logró conseguir los votos del ex Juntos por el Cambio, compuesto por la UCR, el PRO y la CC, y a las 00.33 horas alcanzó los acuerdos para aprobar dos de esas tres leyes claves para su gestión: la ley impositiva y el que lo habilita a tomar deuda por un monto de 116 mil millones de pesos.
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Si bien los diputados del PRO acompañaron el pedido del gobernador, hubo dos miembros de la Cámara que se opusieron a sus pares y votaron en contra los proyectos. Se trata de Florencia Retamoso y Sofía Pomponio, dos diputadas Bullrichistas que fueron a contramano de sus compañeros de bloque. La razón, según trascendió, fue el rechazo al “golpe al bolsillo de los bonaerenses”.
Retamaso afirmó que el proyecto “incorpora significativas sumas al impuesto inmobiliario y las patentes, además de un millonario endeudamiento”. Además, explicó que “no hay medidas de alivio para las pymes ni atención al sector rural”.
Por otra parte, la diputada apuntó contra Kicillof y subrayó que “parece ajeno a la realidad y poco dispuesto a revisar su gestión. Sorprende que ni siquiera demuestre un poco de interés de analizar y reducir sus gastos políticos, todo lo contrario. En tiempos críticos necesitamos austeridad y compromiso”, sentenció.
Durante la sesión del jueves, en la que el oficialismo tuvo que bajar pretensiones para poder llegar a un acuerdo, la oposición puso un tope a los aumentos que cobrará la provincia en 2024: hasta 200% en el inmobiliario y también habrá un techo de 200% para el gravamen sobre los automotores (Patentes), y las autoridades podrán “ajustar por inflación” las boletas que llegan cada tres meses a los contribuyentes.
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