El Partido Justicialista (PJ) bonaerense se sumó al repudio de la condena contra Cristina Kirchner por la Causa Vialidad, tras la difusión de sus fundamentos por parte del Tribunal Oral Federal N 2.
“Una sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón como objetivo: evitar una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público”, declaró el partido que comanda Máximo Kirchner.
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En esa dirección, desde el PJ bonaerense asociaron el devenir judicial de la vicepresidenta al periplo que vivió el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, antes de volver al Palacio del Planalto tras pasar más de 500 días encarcelado.
Al mismo tiempo, indicaron que no se trata de “una condena a Cristina Fernández de Kirchner” sino que la misma implica un mensaje a toda la dirigencia política y una “impugnación judicial de sus políticas”.
Además, convocaron “a quienes sientan como propia la reivindicación de la democracia a manifestarse para que se acabe el intento de proscripción de un espacio y una dirigente política”.
El comunicado del PJ bonaerense se dio luego de uno semejante por partido del partido a nivel nacional que comanda el presidente Alberto Fernández, cuya vocera enfatizó hoy que “sigue sosteniendo la inocencia de la Vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia”.
El comunicado del PJ bonaerense
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires manifiesta su solidaridad con la compañera Cristina Fernández de Kirchner por la persecución judicial y el intento de proscripción ejercido por representantes de uno de los tres poderes del Estado.
En el día de la fecha – luego de más de cuatro meses de conocida la sentencia – los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso publicaron los fundamentos de una sentencia que ya estaba escrita mucho antes de darse a conocer. Una sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón como objetivo: evitar una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público.
Más que una condena estamos frente a un mensaje a los dirigentes que representan a quienes trabajan, a quienes estudian, a quienes producen e invierten en nuestro país. El mensaje es simple: quienes se atreven a desafiar el orden establecido, quienes creen que se puede transformar la Argentina, tienen que entender que el costo se paga con la vida personal y de la familia. Por eso no importa el estado de derecho, no importan las pruebas, no importa la culpabilidad o inocencia de los imputados. Importa que el mensaje quede claro.
El mecanismo no es nuevo ni se limita a nuestro país. Abundan los ejemplos en América Latina de la utilización del Poder Judicial para resolver lo que no pueden resolver por vías democráticas. La condena a Lula da Silva en Brasil para evitar su candidatura e incrementar las chances de Jair Bolsonaro es un reflejo a futuro de lo que busca este sector de la justicia argentina. Una condena que, cabe aclararlo, luego fue revertida por tribunales superiores una vez que el daño ya estaba producido.
No estamos frente a una condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos frente a la impugnación judicial de sus políticas. Estamos frente a un intento gravísimo, por parte de uno de los poderes del Estado, de demarcar una línea respecto de cuáles candidatos y espacios políticos son legítimamente democráticos y cuáles no, cuáles pueden ser electos en comicios libres y cuáles no. Este hecho, en el año que nuestro país cumple 40 años ininterrumpidos de democracia, no puede ni debe ser soslayado.
A lo largo de la historia, a nuestro espacio político le tocó ganar y perder elecciones. Supimos mantener la dignidad, escuchar el mensaje de las urnas y reformular nuestra propuesta política y electoral atento a las demandas de la sociedad. En 2019, la sociedad argentina le dijo basta al modelo que propuso – y resultó en un fracaso absoluto – Mauricio Macri. El ex presidente no pudo ser reelecto pese a contar con el apoyo y los recursos del Fondo Monetario Internacional, la gran mayoría de los medios de comunicación del país, con el Grupo Clarín y Telecom a la cabeza, las principales organizaciones de representación empresaria, los servicios de inteligencia y una gran parte del Poder Judicial. El ex presidente y sus entonces mentores tienen que entender que todas las disputas tienen que darse dentro del marco de las reglas de juego de la república y la democracia.
No van a poder resolver con un fallo, por más páginas que le agreguen, lo que no pudieron hacer gobernando la Argentina. Condenaron a la compañera Cristina Fernández de Kirchner los mismos integrantes de los poderes que en cuatro años condenaron a la Argentina al brutal endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, a la pérdida de puestos de trabajo y el sometimiento a políticas que ya fracasaron en nuestro país.
La República Argentina merece un servicio de justicia que funcione. En estos 40 años de democracia, el Poder Judicial es el que menos avances ha producido en su propia democratización. Todos y todas podemos dar cuenta que se trata de un poder oscuro, poco afecto a las prácticas de transparencia y con manejos espurios con sectores empresariales y mediáticos.
Volvemos a expresar nuestra solidaridad con la compañera Cristina Fernández de Kirchner y convocamos a quienes sientan como propia la reivindicación de la democracia a manifestarse para que se acabe el intento de proscripción de un espacio y una dirigente política.
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