Los vecinos de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero realizaron este domingo un “caravanazo” contra el aeropuerto El Palomar. En la oportunidad, ratificaron su reclamo de más de tres años contra el uso comercial de la pista militar por parte de las low cost Flybondi y JetSmart. Denuncian que padecen por el ruido y contaminación desde que Mauricio Macri cuando era presidente permitió a dichas aerolíneas operar desde allí.
Bajo la consigna “No al aeropuerto trucho e ilegal El Palomar”, los vecinos del oeste del conurbano bonaerense hicieron escuchar su reclamo por el centro de Hurlingham, la plaza principal de dicha localidad, el centro de Ciudad Jardín (partido de Tres de Febrero) y concluyeron en la puerta de la terminal aérea.
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La manifestación exigió el cese definitivo de vuelos comerciales, el traslado de Flybondi y Jetsmart a Ezeiza o Aeroparque para que todos los empleados de Flybondi y Jetsmart puedan seguir trabajando desde esos aeropuertos.
Las filas de vehículos colmaron las principales arterias de Hurlingham y El Palomar durante la tarde del domingo en su trayecto entre ambas localidades del oeste bonaerense. Entre las principales consignas exhibidas desde los autos, se destacaron “La Justicia determinó daño ambiental – No al Aeropuerto El Palomar”, “Tóxico y Peligroso – Basta del Aeropuerto Ilegal El Palomar”, “Vecinos en lucha x nuestra vida, salud y medio ambiente”, entre otras.
La manifestación se realizó respetando las normas de distanciamiento social, evitando el contacto físico entre personas y todos los vecinos utilizaron barbijos, tapabocas, máscaras y otros elementos de protección y prevención contra la pandemia de coronavirus.
El polémico aeropuerto es rechazado por los vecinos de la zona reclaman por la contaminación y ruidos que padecen desde que el predio militar comenzó a operar vuelos comerciales en febrero de 2018. Por ello desde 2017 litigan contra el uso comercial de la pista militar en el marco de la causa que lleva adelante la jueza Martina Forns.
La última decisión controvertida de la magistrada Forns, fue la de no hacer lugar hasta el momento a la clausura del predio a pesar de admitir que las mediciones de ruido del aeropuerto El Palomar ya superan los límites máximos admitidos por la Organización Mundial de la Salud. Además, generan daño ambiental e impacto acústico en la población de la zona oeste del conurbano bonaerense.
Forns admitió en su resolución que la actividad aeronáutica comercial en El Palomar viola y excede los estándares máximos que el organismo internacional de la salud estableció en sus Directrices de Ruido. De esta manera, quedó en “evidencia la inviabilidad de continuar operando vuelos comerciales en la unidad militar del oeste del conurbano”, señalaron los vecinos que reclaman.
La magistrada reconoce que los vuelos de Flybondi y Jetsmart superan el máximo que admite la OMS, pero argumenta que no es un “hecho nuevo” ya que anteriormente ya se habrían registrado otros valores violatorios de la normativa establecida por el Organización Mundial de la Salud. “La jueza trató de justificar la existencia de un hecho ilegal en que anteriormente se habría registrado otro hecho ilegal similar”, explicaron los denunciantes.
“El otro polémico eje en el que se basó para intentar justificar su decisión de no ordenar la clausura del aeropuerto El Palomar, fue la de argumentar que las mediciones de ruido fueron realizadas por el concesionario Aeropuertos Argentina 2000. Sin embargo, Forns omitió recordar que ella misma había ordenado que AA2000 realice dichos estudios y al ser la misma parte demandada la que admite los hechos por los que está siendo juzgada, ello constituye un ‘allanamiento’”, añadieron.
A lo largo de los más de dos años de lucha, los vecinos del oeste del conurbano bonaerense han sumado apoyos de diversas personalidades contra el uso comercial de la Base de El Palomar, entre ellos se destacan Gustavo Sylvestre, Gustavo Santaolalla, Ricardo Mollo, Víctor Hugo Morales, entre otros.
Asimismo, desde julio de 2018, rige la solicitud de clausura definitiva del aeropuerto del fiscal federal Di Lello, quien alertó que la justicia debe actuar “antes que se caiga un avión y haya que lamentar centenares de muertos entre pasajeros y vecinos de El Palomar y alrededores”.
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