El Municipio de Pinamar apelará la medida cautelar dictada por la Justicia de Dolores que prohíbe la circulación de cuatriciclos, motos, UTV y camionetas 4×4 en los médanos de La Frontera, uno de los sectores más concurridos del distrito durante la temporada de verano.
La decisión fue confirmada por el intendente Juan Ibarguren, quien cuestionó el alcance de la resolución judicial y anticipó que el Ejecutivo local ya trabaja en la presentación legal para revertir o modificar la prohibición. La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, tras hacer lugar a un amparo presentado por el ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.
Según el fallo, la suspensión busca frenar maniobras peligrosas, picadas y pruebas de destreza que se desarrollaban sin controles adecuados y que derivaron en accidentes graves e incluso muertes, algunas de ellas con víctimas menores de edad. La resolución judicial permanecerá vigente hasta que el municipio garantice condiciones de seguridad, señalización clara, delimitación de áreas permitidas y supervisión efectiva.
Desde el Ejecutivo pinamarense, sin embargo, sostienen que la prohibición total de vehículos en los médanos no es la solución. Ibarguren remarcó que el municipio no está en contra de la actividad off road, sino a favor de ordenarla y reforzar los controles para evitar conductas imprudentes.
“Prohibir por culpa de unos pocos no es justo ni inteligente”, expresó el jefe comunal, al tiempo que defendió la circulación responsable de cuatriciclos y UTV como parte de la vida cotidiana de vecinos y turistas.
En esa línea, el intendente subrayó que el uso recreativo de los médanos “es algo cultural de Pinamar” y recordó que la actividad genera un importante impacto económico. Talleres, guarderías, alquileres, venta de repuestos y servicios vinculados al turismo off road forman parte de un circuito que, según el municipio, sostiene puestos de trabajo durante todo el año.
El fallo judicial también remarcó que el Estado municipal no puede desligarse de su responsabilidad de control, aun cuando los terrenos sean de titularidad privada, y calificó el riesgo como “cierto, conocido y evitable”. Entre los antecedentes citados se encuentra el caso de Bastián Jerez, el niño de 8 años atropellado en enero en los médanos, que continúa internado en grave estado.
Mientras tanto, tras conocerse la resolución, se registró una disminución del movimiento de vehículos en La Frontera, una postal inusual en plena temporada alta. Con la apelación en marcha, el debate entre seguridad, regulación y tradición turística promete seguir sumando capítulos en Pinamar.
