El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) volvió al centro de la polémica tras emitir la Resolución 366 firmada por Nicolás Bronzovich. La norma dio por cerrado el procedimiento sumarial que había iniciado en diciembre de 2023 tras detectar algunas irregularidades. Exoneraron a una investigadora y se reavivan los conflictos.
Según la documentación oficial a la que accedió INFOCIELO, el sumario interno termina con dos exagentes y 9 agentes actuales eximidos de cualquier responsabilidad. Por otro lado, sancionaron con 15 y 25 días de suspensión a otros dos trabajadores del organismo (Facundo Quiroz y Eduardo de Gerónimo).
Sin embargo, la sanción más contundente fue para Virginia Aparicio, la investigadora del INTA de Balcarce especializada en agroquímicos a quien decidieron exonerar, es decir, despedir.
De acuerdo al expediente, Aparicio, doctora en Ciencias Agrarias por la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora independiente del CONICET, fue responsable de incumplir deberes funcionales previstos en la Ley de Empleo Público (25.164). También la culparon por infraccionar prohibiciones de esa norma y por lesionar los principios de ética pública previstos en la Ley 52.188.
De esta manera, las autoridades del INTA dan por cerrada la investigación, pero para el APINTA, gremio que nuclea a los trabajadores del organismo recién empieza. La organización emitió un comunicado repudiando la exoneración y reclamando que se revise la Resolución 366/26. El APINTA pidió que “se garantice el pleno respeto de los derechos laborales y las garantías de defensa de la trabajadora”.
Todo el conflicto está vinculado al Proyecto SPRINT, una investigación de 60 meses que empezó en 2020 y fue financiada por la Unión Europea vinculada a los plaguicidas. Aparicio fue la investigadora principal de la rama argentina y fue designada coordinadora local.
Ahora, las autoridades del INTA concluyeron que la investigadora hizo un uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal además de aprovecharse de sus facultades para hacer proselitismo. Entre las irregularidades enumeradas en la resolución se habla de que incorporó a su conviviente, José Luis Costa, como colaborador operativo sin autorización del INTA ni del consorcio internacional que lideraba el proyecto.
También se menciona que no presentó correctamente los informes periódicos, metodológicos ni las conclusiones, que modificó procedimientos y circuitos sin autorización y que reemplazó el comité de ética.
